Este 15 de noviembre se habrán cumplido los dos primeros meses del hallazgo del cuerpo sin vida, violentado y abusado sexualmente de Mara Fernanda Castilla Miranda, hija de una familia de origen veracruzano, que supuso que con enviarla a estudiar a Puebla la pondría a salvo de la barbarie que cobra vidas todos los días en el estado vecino, gobernado por un ineficiente Miguel Ángel Yunes Linares.
El feminicidio de Castilla Miranda abrió un debate en diversas vertientes, pero sobre todo puso de manifiesto la vulnerabilidad que viven las mujeres en un país misógino, machista y miope que cuando no acosa, encuentra “normal” menospreciar los planteamientos que buscan equilibrar las condiciones de interlocución y convivencia social.
Y sin embargo existe una parte de la historia que no ha sido suficientemente contada: el nombre y apellido de los responsables que tuvieron que ver con la expedición de la carta de antecedentes no penales al responsable del atroz crimen en contra de la joven universitaria, que era el mismo tiempo socio de la empresa de taxis ejecutivos Cabify.
Alexis Núñez, vinculado a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad y luego por feminicidio, obtuvo el ocho de agosto el documento oficial mostrado por Cabify, un mes antes de los sucesos y por una cadena de omisiones en la Fiscalía General del Estado que nadie se ocupó de remediar.
Una de ellas es Luz María Reyna Carrillo, directora de Servicios Periciales, en primera instancia. Ha sido la responsable de hacer a un lado un mecanismo de control probado en Plataforma México llamado Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) por un deficiente biométrico.
La razón de la sustitución por un mecanismo imposibilitado para albergar rostros, nombres y confrontar huellas dactilares y sin siquiera con capacidad para tener un servidor propio tiene un origen más atrás, pero igual refleja con claridad la indolencia del Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá, el funcionario más cuestionado de los últimos años.
La salida del subdirector de Sistemas de la FGE desde 2015, Sergio Sánchez Calvo, un ingeniero en sistemas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, habría provocado la caía del sistema utilizado por esa instancia para validar o impedir que gente criminal como el presunto violador y homicida de Mara Fernanda Castilla Miranda y que puso a Puebla en el mapa del mundo.
La historia tiene una larga secuela que igual involucra a otros servidores públicos de la Fiscalía General del Estado que luego serán detallados para no distraer la atención en un asunto de la mayor importancia: la Directora de Servicios Periciales que antes laboró en el despacho del propio Carrancá y el Fiscal General del Estado fueron quienes validaron un sistema ‘patito’ para expedir cartas de antecedentes no penales a criminales como ese chofer de Cabify, no hay duda.
