El partido y los grupos políticos que institucionalizaron la Revolución Mexicana la han abandonado. El Estado posrevolucionario que predicaba el equilibrio entre las clases sociales, ahora ha colocado la balanza claramente en favor de los empresarios y el capital financiero. El Estado ahora acompaña y facilita la labor empresarial.
La aceptación de las políticas de austeridad impuestas por el capital financiero mundial, han colocado al Estado en la anemia financiera. Lo que se ha traducido en una incapacidad del Estado para atender las demandas de la sociedad.
Esa incapacidad no es algo casual. La anemia financiera es parte de una estrategia que tiene como fin que, ante la dieta impuesta al Estado, eso se traduzca en un vacío social, y que su lugar sea ocupado por el sector privado.
Las instituciones que fueron creadas al calor de la etapa posrevolucionaria se han eliminado. La protección de la salud, el impulso a la educación, el tener una vivienda digna, la defensa del salario son cosas del pasado.
Las farmacias del doctor Simi, farmacias Guadalajara o del Ahorro, se han convertido en el nivel cero de la atención a la salud antes de pasar al primer nivel de las instituciones de salud públicas. En tema es gravísimo porque el derecho a la salud se ha convertido en parte del mercado de los productos similares y de patente.
Las nuevas clínicas de salud que atienden a través del Seguro Popular, constituyen en los hechos un paso adicional a la privatización de la salud. Una parte de la atención médica es pagada por los usuarios de ese servicio, de acuerdo tabuladores que sirven para ocultar y legitimar ese lamentable hecho.
La gravedad de las condiciones de salud de la población es alarmante. Se ha decretado a la diabetes como una epidemia. En la medida en que empeoran las condiciones de vida de la población debido a la economía de mercado, las instituciones de salud siguen echándole la culpa al paciente de lo que le ocurre.
En México se invierte el seis por ciento del PIB en salud, mientras que otras naciones invierten el 17 por ciento, de acuerdo a datos dados a conocer por la OCDE. Ni siquiera llega al nueve por ciento que es la media de los países que pertenecen a esa agrupación de naciones. La participación en estas agrupaciones no se hace con un sentido social sino de mercado, lamentable.
Las escuelas de educación superior, como las de los estados de Oaxaca, Morelos, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, entre otras, viven al borde de la quiebra. Los funcionarios gubernamentales descargan las culpas sobre los rectores y al pago de las pensiones como si esto último fuera un delito y no una virtud: mantener los derechos de quienes fueron sus empleados.
Aunque en algunos aspectos relativos a la corrupción pueden tener razón, lo que está de fondo es un ataque a la educación superior. Infelizmente la corrupción que prevalece en algunas universidades ha servido como pretexto para justificar los ataques.
Se han confundido los derechos sociales protegidos por el Estado con el discurso de que la participación del sector privado es fundamental para acabar con las desigualdades, haciendo de la miseria un negocio en provecho de empresarios sin escrúpulos, como se pudo apreciar en las construcciones de edificios en la Ciudad de México.
En el país, es el capital inmobiliario el que marca la pauta en el ordenamiento del crecimiento urbano de las ciudades, como ocurre en la Ciudad de México, a pesar de ser gobernado por un partido que se dice, aunque esto ocurre cada vez menos, de izquierda.
Los gobiernos se conforman con participar en la remoción de avenidas, creación de puentes a desnivel, autopistas urbanas o segundos pisos, que terminan por privatizarse por la vía de la participación directa de empresas privadas generalmente extranjeras. En tanto, las colonias populares carecen de los más elementales servicios.
Otra manera de privatización de las avenidas remozadas, es a través de la instalación de negocios que no dejan al transeúnte banqueta y debe utilizar el arroyo vehicular para caminar. Ahora las banquetas son los nuevos estacionamientos de automóviles de los restaurantes y demás negocios de las avenidas que son presumidas como los grandes éxitos de los gobernantes.
En materia de salario, ahora hemos escuchado la preocupación de algunos gobernantes (como Mancera en la Ciudad de México), por incrementarlo. Dicen que existen condiciones para ese fin. En tiempos electorales todo es posible.
La política se ha banalizado con el fin del imaginario colectivo creado por la revolución mexicana. Cualquier político puede presumir de sus cualidades porque construyó calles, primeros pisos, remozó avenidas, pavimentó calles, edificó algunos hospitales, atrajo algunas inversiones extranjeras o porque alguien les escribió algún libro, o bien, ocupó algún cargo público administrativo o de elección.
No obstante, algunos, aspiran a dirigir la Nación. ¿Qué no se darán cuenta de la insustancialidad que los rodea e impulsa? Qué sentido tiene presumir de patrullas con uso de energía mixta, ecológica, mientras la población se debate cotidianamente entre balaceras.
Esas miserias, de acuerdo a las nuevas prácticas, las convierte en figuras políticas. Estamos lejos de auténticas figuras, nuestra lejanía es proporcional a nuestro distanciamiento de aquellos acontecimientos que no es que nos gusten pero que eran menos vulgares que los actuales.
