Han pasado casi cuatro semanas desde que una investigación sobre la supuesta red de prestanombres para favorecer la venta de predios a sobre costos para favorecer al diputado federal, Alejandro Armenta Mier y nadie ha volteado a ver una de las más amplias oficinas de la Contraloría Estatal, en el Centro Integral de Servicios.

De acuerdo con los nombres revelados por el periódico 24 Horas y Televisa, 51 de esa extensa lista, cinco saltan por su cercanía con quien se encarga precisamente de la revisión de las cuentas y tarea contable.

Cincuenta y un nombres integran la lista de personas que presuntamente utilizó Alejandro Armenta Mier para la compra-venta, a sobre costo, de terrenos que serían destinados a la edificación de viviendas para los damnificados del huracán Dean en 2007”, decía el texto de ese trabajo periodístico publicado el nueve de noviembre pasado.

De la publicación aquella saltan Juan Francisco Arratia Buenrostro, María Auxiliadora Arratia Buenrostro y Gerardo Manuel Arratia Buenrostro. Son hermanos de quien aparece en el portal de transparencia del gobierno del estado con el cargo de Subsecretario de Control y Auditoría.

Dos nombres más figuran en esa revelación periodística con un parentesco en primera línea con el funcionario: sus sobrinas Silvia Patricia Arratia Ramírez y Laura Antonia Arratia Ramírez. 

Estas personas se prestaron para que cuajara el fraude”, dice un llamado en la publicación de marras. La pregunta obliga: ¿Va a solicitar licencia por un evidente conflicto de interés ante la indagatoria que realiza la Fiscalía General del Estado en contra del diputado federal?

Sobre todo porque Arratia Buenrostro, el subsecretario, fue responsable del área de seguimiento a delegaciones y comisarías, instancia responsable de estar pendiente del desempeño de servidores públicos como el de la delegada del área de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Rural y Sustentabilidad, Perla Lizeth Torres, quien interpuso la denuncia en contra del diputado federal de Morena.

El secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro, deberá ofrecer una amplia explicación a su jefe el gobernador Tony Gali por la incómoda posición que envuelve a un subordinado que él mismo incorporó al equipo de trabajo, por el involucramiento de su parentela en un tema que hasta hace casi cuatro semanas, fue prioritario en la agenda pública.

¿O irá al olvido?