El sistema político electoral mexicano desde su origen, en la década de los años setenta, que terminó con el monopolio unipartidista (el PRI), no ha podido superar un problema de origen: fue creado para: reforzar el poder; establecer un férreo control sobre los agentes político partidistas y, finalmente, debilitar el descontento social, redireccionándolo de las calles a las urnas.

Para orientar el descontento social hacia los comicios se debió contar con un entramado legal que le permitiera a la burocracia política mantener los hilos de todos los subprocesos que anteceden a cada una de las jornadas comiciales, entre ellas el registro de los partidos políticos y ahora de los candidatos independientes.

Pero también, y esto es lo más importante: tanto las figuras legales así como los propios actores políticos, sean partidos o asociaciones, desempeñan para el poder “objetos” que se puede moverse y ajustarse de acuerdo a sus intereses, mismos que están determinados por la propia coyuntura electoral.

Los procedimientos legales que se fijaron para el registro como partido político o bien una candidatura independiente, en el pasado y ahora, fue diseñado para controlar y someter. La clave es que nadie cumpla con los requisitos, lo implica entrar en el terreno de la negociación con el poder y, de paso, descalificarlos y desmoralizar a opinión pública.

El énfasis se puede colocar, desde el poder, en un punto u otro, todo depende de las circunstancias políticas de cada momento. Ahora, evitar la avalancha de la población sobre las urnas, es una prioridad. Por lo general, en el pasado era crear partidos para debilitar a la izquierda. Ahora, de lo que se trata es de desmoralizar a los votantes.

En el pasado, es casi seguro que si se hace una revisión de los partidos políticos que consiguieron su registro a partir de la aparición de la reforma político-electoral, se podría demostrar que casi ninguno de ellos logró conseguirlo con un procedimiento transparente, apodíctico, es decir, que no haya dejado duda.

Las asambleas estatales o distritales que deberían llevarse a cabo para obtener el registro, están llenas de eventos en donde se regalaban algún tipo de bienes a los participantes que luego eran presentados como afiliados al partido; se realizaron asambleas con notarios públicos poco cuidadosos de los procedimientos; o bien, los partidos jugaron con “carruseles” que iban de distrito en distrito.

La prueba de pruebas fue cuando el actual PRD quiso llevar a cabo el procedimiento para obtener su registro. Empezó la realización de asambleas para después ir poco a poco, ante las dificultades, decantándose para mejor tomar el registro del entonces PMS. Y aquí estamos hablando de un partido que tenía ya un cierto arraigo de masas.

Rémoras de otros partidos más grandes

En la actualidad, la mayoría de los partidos que han obtenido su registro se han convertido en rémoras de otros partidos más grandes, lo que les permite a sus dirigentes, cuando no están sometidos a oscuros intereses del poder, controlar jugosos recursos económicos que reciben para seguir jugando a las elecciones.

En épocas recientes, los registros son para simular coaliciones ante el debilitamiento de los partidos centrales tradicionales.

Insisto, el punto está los intereses políticos de la coyuntura, que se puede manejar a través de la existencia de una serie de requisitos que la misma ley establece y están diseñados para que la burocracia política ejerza, a nombre de las élites políticas, un férreo control sobre los partidos y ahora de los candidatos independientes.

Es verdad que, con respecto a los aspirantes y los mismos partidos, a veces el gobierno es su principal promotor o, igualmente, los mismos institutos e independientes son solamente nominalmente independientes del gobierno.

En el caso de los candidatos independientes, la pregunta que surge es ¿qué se busca con ellos en la coyuntura electoral?, tomando en cuenta que, efectivamente, existe un interés de la sociedad por actuar por fuera de los partidos políticos. Y, por otro lado, ¿a qué intereses responde el trato que se les ha dado?

Si como lo hemos expresado, en el contexto actual en el que se perfila un cambio electoral, de lo que ahora se trata es de impactar a la población para que no salga a votar, pues de esta manera se favorecería a los grupos políticos tradicionales, la ley y la figura de los independientes entran en la lógica de que, a través de ellos mismos, descalificar el proceso comicial de 2018.

Si los partidos políticos que en su momento consiguieron su registro dejaron serias dudas acerca de haber cumplido con los requisitos que establece la ley, los medios de comunicación nos hacen llegar este mensaje del poder ¿cómo un candidato independiente y sin base partidista, logró obtener de apoyo a más de millón y medio de ciudadanos que los respaldaran? Por lo menos, en cuanto a Margarita, el Bronco y Ríos Piter, nadie se quedó por debajo de esa cifra.

No resulta extraño que, por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, haya alcanzado dos millones 012 mil 232 apoyos de ciudadanos, bajo la sospecha de que utilizó el aparato estatal nuevoleonés en su propio provecho. Ríos Piter, un millón 719 mil 925, ¿ya sin pertenecer al PRD? Margarita Zavala, un millón 572 mil 494 ¿Ya sin la presidencia de su esposo y fuera del PAN?

Lo que ahora tenemos es candidatos cuya imagen está asociada a la trampa, a los intereses y juegos del poder, falseadores de datos.

De donde se desprende que todo es igual (es el mensaje a la población electoralmente harta), porque se destruye a través de ellos una legítima aspiración social: la de hacer política por fuera de los institutos políticos. Estamos ante una degradación de los procesos comiciales que sirven al poder, cuyos procedimientos se pueden detectar sus huellas.