El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) está en un problema legal. Se pasó por el arco del triunfo un resolutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública (ITAIP) al no justificar la reserva de videos del juicio a los acusados de linchadores de Ajalpan.

El 9 de febrero pasado, ITAIP mediante un resolutivo, determinó que los videos no podrían ser públicos, a menos que lo justifique el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Hay que recordar, que el 19 de octubre de 2014, fueron linchados dos jóvenes que llegaron al poblado de Ajalpan a realizar una encuesta para una empresa tortillera.

Luego del doble linchamiento que dio la vuelta al mundo, fueron detenidas diez personas tras operativos estatales, los que fueron procesados con el nuevo sistema de justicia penal.

Al terminarse el juicio hace unos meses, este reportero solicitó los videos del proceso penal por medio de la ley de transparencia.

Pero fueron negados al señalar que se violaría la ley de datos personales, al encontrarse en las grabaciones nombres y más información personal.

Sin embargo, el TSJ no lo sustentó mediante la ley estatal, sino bajo a legislación federal de transparencia.

De este modo, los comisionados del ITAIP pidieron que lo argumentara legalmente.

Pero no lo hizo

Debido a esta situación, en la lista de notificaciones del ITAIP publicada el 21 de marzo en el expediente 294/HTSJE-11/2017, se explica que concluyó el término para cumplir la resolución.

“Sin que exista constancia de las acciones realizadas por la autoridad para tal efectos (….) se ordena turnar los autos al Pleno de este Instituto, para que en el término de cinco días hábiles, se pronuncie sobre al resultado de la verificación realzada”.

Ahora el TSJ podría ser denunciado por el órgano garante de la transparencia, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Puebla, lo que sería su primer caso en materia de transparencia.

La sanción podría ser desde un apercibimiento, amonestación o hasta una multa por desacatar un fallo.

Claro, el Tribunal, aún tiene una oportunidad y es justificar su opacidad legalmente en estos cinco días que tiene de ultimátum.

Ya le contaremos.

El paro

Dos protestas se registraron esta semana en las puertas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunque una opaco a la otra, las dos son importantes y graves.

La primera fue por la seguridad que exigen maestros ubicados en la zona llamada Triángulo Rojo.

Los docentes se manifestaron este miércoles en la sede de las oficinas centrales de la SEP en la colonia González Ortega, donde acusaron que huachicoleros les cobran derecho de piso para que ellos y sus alumnos no sean molestados.

Dijeron que no hay condiciones para que sigan laborando en esa región.

Pero fue una sorpresa para los quejosos que al llegar, ya se realizaba otra protesta de manos caídas de trabajadores administrativos, por el pago de vales y becas que les fue suspendido.

Esta segunda protesta, pasó desapercibida a la mayoría de los medios de comunicación.

Y eso que no solo se llevó a cabo en dichas oficinas, sino también en las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo (Corde) de la ciudad y hasta en el Centro Integral de Servicios (CIS).

Finalmente, hubo acuerdos para que los brazos caídos no se repitieran este jueves, con la promesa de que llegarán los vales y las becas.

Así que sigue latente.

La zozobra cholulteca

La tranquilidad que caracterizaba a San Andrés Cholula se ha ido perdiendo por el incremento de delitos en sus calles, que en algunos casos mantienen azorados a sus vecinos.

Ahora, salir en la noche o dejar las viviendas solas es un verdadero peligro, como se ha comprobado en vídeos de seguridad caseros, donde han detectado a los delincuentes.

Tal es el caso de los vecinos de la colonia San Rafael Comac, quienes han sufrido en el último mes por lo menos tres robos a sus casas, las que en gran parte son habitadas por extranjeros.

La inseguridad en San Andrés Cholula se ha incrementado en diversos delitos que son denunciados, según las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por ejemplo, las denuncias aumentaron de 2016 a 2017 hasta en un 151 por ciento por robo de automóviles, 23.46 por ciento robo a casa habitación y 43.75 por ciento robo a transeúnte, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).