La falta de memoria de muchos poblanos podría hacer que olvidaran la forma en la que los diputados locales de Puebla le entregaron un cheque en blanco a Víctor Carrancá para ser Fiscal General hasta el 2020.

Esta es la historia de una de las acciones legislativas que junto con la privatización del agua potable, más han dañado a los poblanos.

En una votación prácticamente clandestina, Víctor Carrancá Bourget pasó de ser procurador a fiscal en medio de la noche, evitando así las protestas por la continuidad de este oscuro personaje cuyo trabajo siempre hemos cuestionado con argumentos sólidos.

Fue en los primeros minutos del 5 de enero de 2016 cuando Carrancá, en medio de las sombras de la noche, llegó a rendir protesta como Fiscal General del Estado, respaldado por las diversas  bancadas representadas en el Congreso.

El argumento que se les dio a los diputados desde Casa Puebla para defender lo que votarían fue que se tenía que cumplir con un requisito de la Reforma del Sistema Penal, y se ordenaba que los procuradores pasaran a ser fiscales de manera automática.

Algunos ilusos se tragaron el cuento, aunque la mayoría votó más por la sumisión que caracterizó a su legislatura, que por un acto de conciencia.

Lamentablemente, obligados, doblegados, engañados o como haya sido, estos levantadedos le causaron un daño irreparable a Puebla en materia de procuración de justicia.

Han pasado casi dos años y medio de esa sesión en la oscuridad sin que hasta el momento alguno de los ilusos diputados que votaron a favor de que fuera Carrancá, se haya dado cuenta que la ley federal no obligaba a que fuera el mismo funcionario que se desempeñaba como procurador el que ejerciera el papel de fiscal.

La reforma fue hecha a la medida del personaje para que protegiera al gobernador saliente, de ahí que los diputados se sacaron de la manga  un  artículo transitorio que dice:

“SEGUNDO.- El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor las presentes reformas, quedará designado por virtud de este Decreto, Fiscal General del Estado por el tiempo que establece el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del mismo artículo”.

Si revisamos la legislación federal este transitorio no se aplicó, y si hubo cambio de funcionario.

Por cierto hay que ver la eficiencia de los diputados que aprobaron la reforma constitucional el 9 de diciembre de 2015, misma que sobre las rodillas 133 ayuntamientos cinco días después votaron a favor.

Así las cosas, mientras varios de esos diputados hoy andan de candidatos muy quitados de la pena, los únicos perjudicados por esa negra sesión del Congreso somos los poblanos.

Hoy, el único que duerme tranquilo con Carrancá en la FGE es el Señor de Las Fuentes.