Quiso la suerte que el número de policías abatidos el viernes 15 en Amozoc no fuera seis, sino diez en total ante la capacidad de fuego de los delincuentes que huyeron a bordo de dos autos después de la masacre multicitada en los últimos días.

Una ráfaga de AK-47 iba directo contra los cuatro elementos que iban a auxiliar a los seis elementos que alcanzaron a pedir apoyo y no fue sino porque un camión de volteo se atravesó en el camino.

Los proyectiles hicieron blanco en el enorme vehículo y esto permitió que los elementos salieran por piernas hasta la clínica de salud.

El episodio al que el reportero tuvo acceso fue narrado por uno de los testigos y no hace sino confirmar la ausencia de capacitación, adiestramiento y establecimiento de protocolos ante situaciones como la vivida el viernes pasado con el trágico saldo y la sospecha de que algo esconde el edil, José Cruz Sánchez.

En efecto, el otro gran problema es el derecho de sangre con el que se conduce el hermano del presidente municipal, Marco Sánchez a quien se le conoce como El Choco. Es quien en realidad dispone de la corporación policiaca y que ha convertido al comandante de la corporación, Javier Rojas en un cero a la izquierda.

Otro brazo ejecutor del edil, un tránsfuga del PRI —fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario—, es El Manotas, Juan Guzmán, un gasero cuarentón y quien en un principio pasó la charola entre las bandas de huachicoleros que extraen gas de los ductos que cruzan por ese municipio. La cuota era de un peso por litro del combustible.

El episodio que terminó con la ejecución de los seis elementos policiacos no es sino la extensión de una trama mafiosa disfrazada de usos y costumbres en que este edil emanado de Compromiso por Puebla convirtió al gobierno municipal.

Aunque las indagatorias no alcanzan aún al presidente municipal es bien sabido en ese lugar que mientras uno pasaba la charola entre los ladrones de hidrocarburos, otros personajes lo hacen entre los industriales. Se trata de Juan Báez, regidor de Hacienda y Juan Guzmán, responsable de Protección Civil.

Las complicidades que existen entre los funcionarios de la administración de este edil son cada vez más insostenibles. La divulgación de un video ayer con un testimonio anónimo en el que se acusa al presidente municipal y a El Choco no es sino la confirmación de lo que sucede en el ámbito municipal.

La queja que los elementos abatidos habrían interpuesto ante la Contraloría Municipal podría no ser la única pieza clave para entender la multiejecución.

Entre los uniformados era suficientemente conocido que el hermano del presidente era quien ordenaba liberar todo tipo de camión cisterna cargado de gasolina, diesel o gas robado.

Un detalle escapó a quienes están detrás de la ejecución. Cansados de recibir órdenes a través de los teléfonos celulares, los policías constantemente humillados decidieron abrir la radiofrecuencia de Matra, una plataforma que permite grabar todo tipo de conversación entre corporaciones, para informar que por órdenes superiores se debía dar el servicio a la pipa cargada que había sido asegurada de gasolina.

La cólera de los mandos y la mano que mece la cuna se habría expresado poco después, con la muerte de los seis policías.

¿De eso nada sabía José Cruz Sánchez?

Este episodio se empieza a parecer al que se vive en San Martín Texmelucan. La seguridad pública del municipio en manos del estado, un centenar de policías y mandos detenidos por sus vínculos criminales y un edil como Rafael Núñez Ramírez, depuesto.