06, Ago 2018

Guerra legislativa

EL AUTOR

Cirilo Ramos

La transición entre una de las más sumisas legislaturas del Congreso del estado, la LIX, con control todavía del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y la llegada de la primera que podría marcar independencia respecto del Ejecutivo, la LX, con mayoría morenista, se ha traducido en un indeseable momento de confusión, que anuncia lo que viene para Puebla: un constante enfrentamiento político-jurídico entre poderes y una parálisis parlamentaria, que incluso pueden trastocar algunos elementos de gobernabilidad.

Muchas de las reformas que, al vapor, para complacer intereses muy específicos y visibles del morenovallismo, aprobó la legislatura saliente durante su última semana de sesiones ordinarias, serán impugnadas o de plano tumbadas por la mayoría lopezobradorista, como ya anunció su próximo coordinador y aún presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla.

La última de ellas y la que causó mayor malestar en ese partido fue la reforma constitucional para “armonizar” la Carta Magna estatal con la General de la nación, para permitir que, en caso de ser necesario, la próximo gobernadora —si no dice otra cosa el TEPJF—, rinda protesta al cargo solamente ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.

Esa reforma al Artículo 75 de la Constitución poblana efectivamente se sincroniza con el 85 de la Constitución federal, que fue modificado en agosto de 2012, pero que durmió en la congeladora en espera de su “armonización”, la que se realizó sospechosamente hasta ahora que conviene al morenovallismo.

Ya los integrantes del que será el Grupo Legislativo de Morena en la LX Legislatura y que comenzarán funciones el 15 de septiembre anunciaron que llevarán una controversia, por este caso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Algo similar ocurrirá, pero del Ejecutivo en contra del Legislativo, con su intención de anular la mayor cantidad posible de reformas, concesiones, nombramientos y decretos que dejó el ex mandatario y que siguió operando, con la mayoría de 39 de 41 diputados locales a su favor y servicio, pues los cinco del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también acataron los designios del ex Señor de los Cerros.

Solamente la ex perredista Socorro Quezada Tiempo y el hoy morenista Julián Peña Hidalgo mantuvieron un comportamiento consistente como opositores, en una legislatura única, con 4 años y 8 meses de duración, que en general dejó un muy mal sabor de boca a los poblanos.

De modo que lo que se viene para el estado es un enfrentamiento constante de poderes, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica la constancia de mayoría para la esposa del ex gobernador Moreno Valle.

A las disputas que ya se tienen, hay que sumar la intención de la actual mayoría morenovallista de la LIX Legislatura de dar un albazo —en un periodo extraordinario—, a la próxima conformación parlamentaria y aprobar algunas de las reformas que ayuden a Martha Erika Alonso Hidalgo a cumplir sus promesas de campaña, como ya han anunciado algunos panistas.

El tema tiene que ver también con las reglas constitucionales y la aritmética: la mayoría morenovallista actual, con sus aliados priistas, tiene votos suficientes incluso para hacer reformas a la Constitución local, en tanto que la próxima, con 22 de 41 curules, solamente cuenta con la fuerza para modificar leyes secundarias, pero no constitucionales que requieren de las dos terceras partes de los votos, mayoría calificada.

A esto hay que sumar que en la agenda legislativa de Morena, en la que se encuentra la intención de revertir la concesión del agua, derogar la Ley Bala y reabrir las cuentas públicas de Moreno Valle, hay también asuntos que indispensablemente requieren de la interacción de poderes.

Por ejemplo, la promesa que han hecho los de Morena de quitar al fiscal general del estado o anular los nombramientos de magistrados electorales y del TSJ, requieren inevitablemente de propuestas que envíe el titular del Poder Ejecutivo. Sin éstas, el Congreso no puede actuar.

Con casos como esos la próxima legislatura podría encontrarse prácticamente a cada paso con litigios promovidos desde el Ejecutivo o desde el Legislativo.

Un congelamiento, por las posiciones irreductibles de un lado y de otro, de algunas funciones de los poderes. Un muy aciago escenario.

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