Las relaciones de Rafael Moreno Valle con miembros de la delincuencia organizada son inocultables, evidentes y atentan contra la legitimidad de su consorte, la ex candidata al gobierno del estado, Martha Erika Alonso Hidalgo. Tanto que Alonso Hidalgo debió marcar un deslinde del huachicol que ha dominado la escena en los últimos años.

No lo mencionó de manera directa, pero el tuit del desmarque tenía una clara dedicatoria ayer domingo, luego que por dos días el diario Reforma llevó como contenido de primera plana la complacencia del grupo de Moreno Valle con el clan Valencia Ávila en Venustiano Carranza.

Entre esos cómplices se encuentra Ardelio Vargas, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, y a quien se le ha mencionado como futuro Secretario de Seguridad, como se describió en la entrega de esta columna el viernes 10 http://www.parabolica.mx/2018/columnas/parabolica/item/8921-herencias-de-ardelio.

“Lo dejo muy en claro, en mi gobierno habrá mano dura contra el robo de combustible, nadie estará por encima de la ley, incluyendo a funcionarios públicos, presidentes municipales o candidatos electos que sean vinculados con este delito”, escribió.

La fecha de caducidad de la “patente de corso” de la que dispuso Moreno Valle en el priato de Enrique Peña Nieto debería ser motivo de insomnio, pues la proximidad de un nuevo gobierno que llegó con la áurea del combate a la corrupción e impunidad deberían ser motivo de sobra.

Primero fue Facundo Rosas, el ex secretario de Seguridad y herencia de Ardelio Vargas que tuvo bajo su mando a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y jefe de Operaciones Especiales quienes enfrentan proceso por proteger a grupo de huachicoleros, en julio de 2015.

Luego sucedió la detención de Othón Muñoz El Cachetes en agosto de 2017 y a quien se le vinculó con el ex gobernador Moreno Valle. Fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el fraccionamiento El Secreto y su aprehensión destapó un montón de historias sobre la forma en la que este personaje financió campañas de candidatos como el propio Moreno Valle y Javier Lozano Alarcón, senador de la República.

Sus fiestas en una propiedad en el fraccionamiento Aras a las que concurrían funcionarios, políticos y magistrados del Poder Judicial Federal están ahí, en el imaginario de la clase política que hoy prefiere callar por omisión o complicidad.

La edición dominical del diario Reforma no sólo consolida la inclinación del hombre que quiso ser presidente de la República hacía cabecillas y grupos con perfiles impresentables. Los ediles de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde y la defenestración de Rafael Núñez Ramírez en Texmelucan forman parte de esa larga lista de pendientes de justicia por la ola criminal en sus respectivas demarcaciones.

El autor de esta columna subió a tuitear una fotografía el sábado en la que el edil de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila aparece al lado de Pablo Rodríguez Regordosa, dirigente municipal del Partido Acción Nacional y ex secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

En un intento de deslinde el panista, a quien ya se le ve como un serio aspirante a la dirigencia estatal de ese partido político, replicó la publicación con un “No te confundas. Conozco a Rafael Valencia como alcalde (...) y en esa calidad accedí a la foto. En ese momento no tenía manera de saber los vínculos que hoy se le conocen o presumen por actividades ilícitas. Seriedad por favor”.

En Puebla la galería del horror que integran todos estos presumibles delincuentes no serían lo que son sin el manto protector de la clase política que preside el ex gobernador.

Ver en perspectiva desde que el morenovallismo arribó al poder, se llama seriedad y no la rasgadura de vestiduras, conducta que distingue a Rodríguez Regordosa.