Uno de los últimos alfileres con los cuales Rafael Moreno Valle se ha tratado de mantener prendido al poder, es precisamente Carrancá, un hombre que ha estado al servicio del morenovallismo desde que llegó a la entonces procuraduría y que transitó en seda como primer fiscal de Puebla.

Aunque los yerros del impresentable son muchos hoy quiero retomar el recuento específicamente con el tema de los feminicidios.

Es innegable, aunque se empeñe la Fiscalía en hacerlo, que el número de asesinatos de mujeres en Puebla con claros rasgos de violencia de género ha ido a la alza en los últimos años.

El endurecimiento de penas contra los feminicidas que aprobaron los diputados de poco o nada sirve si la dependencia de Carrancá se empeña en ocultar los crímenes o en disfrazarlos para maquillar las estadísticas.

Tampoco ha servido reformar el Código Penal de Puebla si en la dependencia, los empleados de Carrancá están más preocupados en participar en corruptelas que en hacer su trabajo, investigar y presentar las pruebas que incriminen a los verdaderos responsables de los atroces asesinatos.

Por citar un ejemplo, han pasado más de tres años y aunque la Fiscalía jura ante los medios que José María “Chema” Sosa es responsable de haber matado a quien fuera su novia y la madre de su futuro hijo, la verdad es que no existe ningún cuerpo que compruebe, en primera instancia la muerte de Paulina Camargo.

¿Se imagina usted pasar 37 meses sin saber cuál es el verdadero paradero de su hija y su futuro nieto? Ese es el calvario que viven los padres de Paulina Camargo y ni sus múltiples marchas nocturnas a la Fiscalía ni sus demandas ante los medios de comunicación han logrado que Carrancá salga de su letargo y se ponga a trabajar.

Mara Castilla es otra más de las víctimas de feminicidios que han marcado la historia de los poblanos. Y aunque en este caso se estableció una presunta mecánica de los hechos, la verdad es que las pruebas contra Ricardo “N”, mejor conocido como el chofer de Cabify, son endebles.

“No queremos venganza, queremos justicia”, fue el clamor de los familiares de Gizeh Castelán quien en junio pasado cumplió dos años de haber sido asesinada.

Los 24 meses no han alcanzado para que sus padres y amigos vean la justicia. Por errores de la Fiscalía, la audiencia se ha tenido que diferir en nueve ocasiones. Con justa razón él reclamo de la familia fue: “Nos preocupa que las autoridades no estén haciendo nada". Está claro que las autoridades, efectivamente, están incumpliendo sus obligaciones.

El número de mujeres asesinadas porque “no aceptaron abortar”, por “celos” de sus compañeros o por cualquier pretexto aumenta sin control en Puebla. Si bien es un tema que se debe atender multifactorialmente es cierto que la impunidad que “brinda” la Fiscalía a los asesinos, alienta a los delincuentes quienes saben que difícilmente se les llevará a la cárcel.

Para el 4 de febrero de este año, la entidad registró 13 feminicidios de acuerdo con los reportes de organizaciones y medios de comunicación; en julio de este mismo año, se contabilizaron seis feminicidios en una semana.

El Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) documentó durante el primer semestre de 2018 el asesinato doloso de 69 mujeres en Puebla; para la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo 11 casos merecieron el criterio de feminicidio. Esta es una muestra más de la forma en cómo la dependencia de Carrancá maquilla las cifras.

Así pues, aunque la lista negra de los pendientes de Carrancá es larga, queda claro que para las mujeres de Puebla, cada día que permanecía el Fiscal al frente de la dependencia era un peligro para ellas.