La consecuencia de los malos ejemplos de gobierno que provienen del signo político del PRI, pesaron como buques cargueros sobre el prestigio colectivo y acabaron pagando justos por pecadores. Un caso emblemático y que no merece ni amerita presentaciones especiales es el del multidespreciado Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, quien en días recientes resultó beneficiario de un nuevo sistema penal que permite procesos simplificados y por tanto, admite reducciones sustanciales de penas, que en el juicio público (me incluyo) deberían acercarse más a la cadena perpetua que a lo irrisorio que resultará pasar nueve años en prisión.

Resulta incluso sospechosa la reclasificación que la Procuraduría General de la República realizó previo a la declaratoria de culpabilidad que el propio Duarte expresara. Ese fue el inicio del camino para encontrar los resquicios legales que ahora tienen al ex gobernador en una cómoda situación si es que comparamos lo profundo que en un principio se avizoraba para el castigo que se suponía debiese ejemplificar para futuros casos similares.

Sin embargo, en un análisis jurídico, este lamentable escenario resultaba posible. La reclasificación evitó para la PGR, el tener que llegar a una probanza plena de una conducta reiterada y sistemática de Duarte en lo que respecta a la acusación por delincuencia organizada. Hubiese tenido que alargar el juicio hasta el punto donde corría el riesgo de que (como en otras ocasiones) la defensa pudiera desvirtuar la argumentación con la consecuencia de hacer el ridículo y además no acceder a la reparación del daño que ahora compone el pago con 41 propiedades del “ínclito” personaje jarocho.

Javier Duarte decidió en una estrategia legal, la cual se ve que estaba perfectamente planchada con el propio ministerio público, declararse culpable por los delitos de asociación delictuosa y de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pena máxima sumada para ambos delitos conforme al Código Penal Federal sería de 25 años (10 máximo para asociación y 15 para lavado) pero el juzgador estimó que no existió una responsabilidad reiterada ni grave del acusado, por lo cual optó por sentenciarlo a 9 años de prisión, multa de $58,890 pesos y el decomiso de 41 propiedades.

Para abonar a la indignación general, el acusado, conforme a la Ley de Ejecución Penal, puede acceder al beneficio de libertad condicional a partir de haber cumplido el 70% de la sentencia de reclusión. Es decir, Duarte ya ha compurgado cerca de 450 días que contabilizan para tales efectos.

Dejando atrás el análisis jurídico apelaría al razonamiento que mayor ranciedad provoca y ese es el juicio moral sobre el caso. Duarte fue un personaje político obcecadamente soberbio y autoritario, de excesos desmedidos y actitudes tiránicas contra algunos que tuvimos el infortunio de padecerlo. A quien su propio partido le consintió esos dislates aun cuando en la XXI Asamblea por modificación estatutaria le corresponde velar por el buen comportamiento de los gobernantes que provengan de ese partido. Decirlo con todas sus letras: el PRI pecó por omisión y el resultado electoral reciente lleva en partes impregnado la pestilencia de esa culpa.

México es un país que debe abolir realidades actuales que son verdaderamente lastimosas. Un país donde la educación de calidad, la justicia pronta y expedita y los servicios de salud son privilegio de unos cuantos, es un país condenado inveteradamente al atraso. Si bien un proceso como el que hemos mencionado puede en legalidad permitir este tipo de desenlace, también es cierto que su resultado lleva a documentar con mayor profundidad el rencor social y el desencanto de la gente sobre el sistema.

Un político maduro y sabio me aleccionó una vez con un dicho que aplica perfectamente para la ocasión: “el real éxito de un gobernador es contabilizar en cuantos cafés y restaurantes te puedes ir a presentar después de años de concluir tu mandato sin que te mienten la madre”. Quisiera ver si en este caso volveremos a ver a tan célebre personaje, degustando un lechero en “La Parroquia” sin que el juicio de un México enardecido lo mande de vuelta a la cloaca a la que pertenece.

Nunca más será permisible por igual, que el PRI como partido político defienda lo indefendible, ni consienta la miseria humana que ahora junto a muchos otros casos, pesa sobre los hombros de una generación priista que de buena voluntad y sin maldad alguna ha querido un mejor país.