Comienza la semana que tendrá mayor significado y repercusión en medio de la crisis post electoral después de la impugnación del resultado comicial del 1 de julio para elegir gobernador en Puebla.

El Tribunal Estatal Electoral deberá emitir un fallo definitivo antes del próximo fin de semana o el miércoles 10.

Ese anuncio ha sido esperado por los equipos políticos y jurídicos de los principales y protagonistas de una altísima competitividad electoral, los ex contendientes de las coaliciones Por Puebla al Frente, de Martha Erika Alonso de Moreno Valle y de Juntos Haremos Historia, de Luis Miguel Barbosa Huerta.

El fallo determinará el camino de ambos, pero además del priismo nacional, para quien una eventual anulación lo colocará en la disyuntiva de ir con un deslegitimado Enrique Doger Guerrero por evidenciado entreguismo en favor del Partido Acción Nacional o, una nueva carta para una nueva contienda, en momentos en que vive su peor momento por el enorme rechazo y ninguneo ciudadano.

La expectación de las últimas horas ha abarcado prácticamente todos los sectores de la sociedad, pues el escenario que se vive en la escena poblana es inédito.

El país colocará a Puebla como un referente en la historia electoral reciente, luego del número de tropelías documentado: robos de urnas y violencia desatada contrastó con la jornada de aquel domingo, caracterizada por la alta participación y ausencia de polarización social o política.

La derecha poblana enquistada en los órganos empresariales no ha dejado de señalar a Barbosa Huerta y la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de una parálisis en la inversión que ya se comienza a reflejar en las actividades productivas. Ciertamente comienza a haber un freno en materia de inversión, pero la voz de las cúpulas empresariales carece de objetividad. Como en ocasiones análogas del pasado, la mirada es corta entre sus dirigentes, pues la causa primordial de la indefinición electoral deriva de la violencia, el presunto uso de dinero público y el rebase de topes de gastos de campaña.

Barbosa Huerta no ha hecho sino invocar un derecho plasmado en la ley que está por arrojar el fallo definitivo, y que para colmo, vendrá de un órgano plegado a los intereses del grupo político del ex gobernador Rafael Moreno Valle, esposo de la excontendiente.

La decisión final del órgano local determinará el camino de los dos principales protagonistas de esta historia. Martha Erika Alonso y Luis Miguel Barbosa ya deberán tener listas sus respectivas estrategias apenas se haya el anuncio arrancará en la esfera jurídica, mediática y política.

Otra perspectiva del episodio es la del consejo local del Instituto Nacional Electoral. Ante un escenario de anulación electoral, recaerá en esta instancia la responsabilidad de organizar la elección extraordinaria, una vez se hayan cumplido las etapas procesales. Nada está dicho pero ese escenario es probable y los integrantes del Consejo General ya hacen sus propios cálculos.

En forma paralela corren proyectos de nuevos y viejos actores de una historia que aún no se escribe. En una opción política u otra, ya se ven las figuras de Luis Banck Serrato, el edil que entrega las llaves a Claudia Rivera exactamente en ocho días más.

Pero también están el diputado local José Juan Espinosa; su esposa y senadora, Nancy de la Sierra; el ex dirigente de Morena y diputado local, Gabriel Biestro; el futuro coordinador del gobierno federal, Rodrigo Abdala; el senador Alejandro Armenta; y hasta el abogado y cercano al ex gobernador Manuel Bartlett, Carlos Meza Viveros.

La atención nacional estará centrada en el Tribunal Estatal Electoral, para quien el tiempo se agotó y la definición marcará el rumbo de la historia en donde la correlación de fuerzas es completamente distinta. La cuenta regresiva ha comenzado.