Después de todo lo que se ha dicho y escrito sobre la consulta pública para definir el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿conoce usted los requisitos que según la ley deben reunir este tipo de ejercicios ciudadanos?

Una decisión que influye en temas de primordial importancia para el país, como lo es el destino de nuestro principal aeropuerto, debe sujetarse a las leyes establecidas por nuestros propios legisladores federales.

Esta es la explicación técnica de los lineamientos que debe reunir una: Consulta Popular

“Es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

La Constitución señala que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional se sujetarán a:

Ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

  1.  el Presidente de la República.
  2.  el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
  3.  los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. Cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

Serán actos susceptibles de consulta los de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. No podrán serlo: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previa convocatoria del Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma, la cual se realizará el mismo día de la jornada electoral federal”.

Evidentemente, nada de esto se hizo. Lo que sí hicieron durante este fin de semana, fue un auténtico cachondeo que atenta contra todo lo que debiera suceder en un Estado de Derecho.

Si en un país como el nuestro, con todos los candados jurídicos y el enorme presupuesto que se destina para las campañas políticas, se registran fraudes como en Puebla, qué podemos esperar de una muestra plagada de vicios y sin respetar ninguna regla.

Después de este vacilón al que mal llamaron consulta popular, me queda claro que las hojitas tachadas por menos del uno por ciento de la población, serán llevadas a un basurero, mientras Andrés Manuel López Obrador hace oficial su decisión.

¿Para qué le hacemos al cuento, si todos sabíamos que la decisión sería la que AMLO anticipó desde su campaña?

La cancelación del proyecto de Texcoco nada tiene que ver con las boletas que tacharon un millón de ilusos.

Es la decisión del presidente electo y así debemos asimilarla y entenderla.

El bono ciudadano que le dimos los mexicanos le alcanza para esto y para mucho más.

No iba a desgastar ese bono con una decisión que de hacerla personal le representaba graves riesgos, cuando podía responsabilizar directamente al pueblo.

Así las cosas, cada vez que se requiera de una decisión de trascendencia vital para el país, deberemos sentirnos orgullosos de que nuestro presidente siempre se acordará del pueblo para que le “ayude” a decidir.

Y así es como el día de ayer, nos hicieron partícipes y cómplices de todas las decisiones presidenciales.

Los errores históricos los tomaremos todos, aunque hayamos votado en blanco.

 Ni más, ni menos.