En unos cuantos días, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal tiraron por la borda el “prestigio” que supuestamente habían ganado desde su creación.

Después de seis días de sanguinarias batallas políticas y mediáticas, en donde la parte jurídica fue lo menos importante, el muladar en el que se convirtió la sala de plenos, esperaba a los siete magistrados, para que emitieran su veredicto.

La del sábado, no era la sala de plenos de un tribunal, era el ring de una arena de barrio, en el que en “súper libre”, se enfrentarían rudos contra rudos.

Para quienes conocen el modus operandi de este tribunal colegiado, lo sucedido en el caso Puebla rompió con todos sus manuales de procedimiento.

De entrada, dos de ellos decidieron realizar un sospechoso viaje de trabajo, cuya misión resultó más importante que resolver el juicio más complejo de la pasada elección, de acuerdo a lo dicho por los propios magistrados.

Era evidente que el análisis jurídico pasó siempre a segundo plano. El fondo del asunto no estaba en las miles de páginas de los expedientes, sino en el escenario político nacional.

La negra historia pública del caso Puebla inició a las siete de la noche del domingo 2 de diciembre, cuando el magistrado José Luis Vargas hizo público su proyecto de anulación. Sin embargo, tres días antes, en esta misma columna les anticipé mis sospechas de un turbio y sospechoso comportamiento de los siete colegiados.

Aquí el texto:

Contracara 29 noviembre

 El misterio detrás de la impugnación

 ¿Qué hay detrás de las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

 ¿Alguien encuentra una justificación al retraso de su resolución en el caso Puebla?

 ¿Por qué alargar los tiempos, pese a que ya existen los proyectos supuestamente derivados de un profundo estudio jurídico?

 ¿Por qué llevar hasta el límite un resolutivo, sin importarles el caos político que implica para los habitantes de un estado?

 No quiero pensar mal, pero estos inexplicables retrasos dan la impresión de querer darle un mayor valor a sus votos.

 El caso Puebla no es la excepción, los magistrados del TEPJF han convertido esta “modorra” procesal en una especie de “extorsión legal”.

¿O acaso, en estas últimas semanas van a cambiar su opinión jurídica de un juicio del que ya existen proyectos?

 ¿Qué es lo que los haría cambiar de opinión?

 ¿Una llamada desde las alturas? ¿Una promesa de permanencia en el cargo? ¿Un cañonazo de varios ceros?

 Quizá en las respuestas a estas tres últimas preguntas, esté la razón de este inexplicable letargo.

 No sería extraño que mientras nuestros análisis se enfocan en que detrás de la resolución está la mano de AMLO, en realidad los magistrados estén haciendo su propio juego para cargar su voto al mejor postor.

 Porque en nuestra fauna política, hasta el más chimuelo masca tuercas.”

Pasaron nueve días de esa columna, hasta que llegó la fecha de la sesión final.

Para quienes reporteamos está impugnación, incluido el periodista Salvador García Soto, pudimos constatar que la posible votación dio constantes volteretas.

Del lunes hasta el viernes, el proyecto de anulación contaba con cuatro votos, por lo que era cuestión de esperar el regreso de los dos sospechosos viajeros, para confirmar la repetición de la elección.

Sin embargo, muchas cosas debieron pasar la noche del viernes, que el sábado amanecimos con un escenario diametralmente opuesto, en el que se vaticinaba un cómputo de 4-3 en contra del proyecto del magistrado Vargas.

Fue tan voluble el comportamiento de los magistrados, que a Mónica Soto se le tenía contabilizada como un voto en contra del proyecto, mientras que la presidenta Janine Otalora estaría a favor de anular, circunstancia opuesta a la que finalmente ocurrió.

En el colmo de la suciedad, los magistrados se encerraron en privado por horas y horas, anunciando y aplazando el inicio de la sesión privada hasta en tres ocasiones. Ahí en la sesión, sabedores del sentido de su voto, se acusaron mutuamente, denunciaron presiones políticas y llevaron al límite la paciencia de quienes siguieron la sesión a través del canal del Congreso, para que al final se ratificara a Martha Erika Alonso. Dato que se manejó en diversos medios desde la mañana de ese día.

¿Pero qué fue lo que realmente sucedió?

A ciencia cierta nunca lo sabremos, pero hay versiones que aseguran fue un mensaje del Poder Judicial Federal para López Obrador, tras sus declaraciones en contra de los ministros de la SCJN que declararon inconstitucional la ley de remuneraciones.

También se habla de una promesa no cumplida en el caso de Janine Otalora, quien esperaba ser integrante de la terna para ser ministra de la Corte.

Otros hablan de una operación quirúrgica de los “padrinos” de los magistrados, incluido Miguel Ángel Osorio Chong.

Lo que es innegable, es que “haiga sido como haiga sido”, el TEPJF acabó en una semana con el poco prestigio que les quedaba.

Y conste que hubiera sucedido exactamente lo mismo, si el fallo hubiese sido en favor de la anulación.

El estiércol inundó el juicio desde su inicio y los magistrados en lugar de limpiarlo, terminaron por llevar un ventilador para salpicar a propios y extraños.

La realidad es que nunca estuvo en discusión la legalidad ni la justicia.

Fue un juicio de interés político —posiblemente financiero— y de una encarnizada guerra de poder.

Ni más, ni menos.

 

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