La comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jaqueline Peschard, criticó el recorte del presupuesto del gobierno de Puebla para la transparencia en su administración, lo que frena la práctica en la materia.

Los gobiernos de los estados y municipios continúan con las prácticas de opacidad, burocracia, falta de capacitación y falta de transparencia en la accesibilidad de la información pública, destacaron ponentes durante la en la IX Semana Nacional de la Transparencia en la ciudad de México.

“Que amplíen las competencias del IFAI no solamente frente a órganos del gobierno, sino ante otros poderes, además las resoluciones estén mejor arropadas porque tiene un estatuto jurídico más elevado por ser un organismo autónomo.”

—¿Cómo ve el recorte de presupuesto en Puebla para la Comisión de Acceso a la Información Pública?
—Creo que las comisiones necesitamos recursos para ejercer nuestras facultades; está mal, no hay una correspondencia entre lo que se está dispuesto como atribuciones, como funciones de un órgano garante y que no haya el presupuesto correspondiente.

”Eso es una responsabilidad del gobierno del estado, del propio Congreso estatal y del organismo garante, es una cuestión de búsqueda de ese presupuesto y lograr por el lado de la comisión aclarar cuáles son sus necesidades y de los Poderes de responsabilizarse frente a estas responsabilidades.”

Por su parte, el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, durante su ponencia indicó que en las entidades federativas del interior de la República mexicana aún no se toma en serio a la transparencia. Se pronunció por homologar procesos y procedimientos en materia de transparencia en estados y municipios, para que cualquier ciudadano pueda ejercer el derecho de acceso a la información, lo que garantizará mejores prácticas en el ejercicio del servicio público.

“Mientras tomemos más en serio a la transparencia, entre más estemos todos de acuerdo en que no hay por qué no llevar a cabo el monitoreo ciudadano y la participación de la ciudadanía en el seguimiento de las políticas públicas, vamos a lograr que se mejoren las prácticas en el ejercicio del servicio público.”

Adelantó que a través de la Conago se buscará la construcción de un “Portal Nacional de Transparencia” en donde se dé también un lineamiento normativo para los requisitos de acceso a la información pública en todo el territorio nacional. “Hablamos de plazos, procedimientos y recursos y otros temas ligados. Y que los organismos garantes sean autónomos, cosa que es muy importante”, alertó.

Asimismo, Tonatiuh Guillén López, director del Colegio de la Frontera Norte, indicó que el problema es aún mayor en los municipios, donde la ciudadanía tiene más necesidad de conocer cómo trabajan sus gobernantes. Reveló el experto en transparencia a nivel nacional, que realizó un ejercicio dónde preguntó el número de despedidos en los primeros tres meses de las administraciones de los ayuntamientos de las capitales de 31 estados de la República.

Señaló que solo ha recibido tres respuestas, con diversas anomalías, además de que el gobierno municipal de Puebla aún no responde a sus tres preguntas: ¿Cuántos trabajadores fueron dados de baja?, ¿qué cargos tenían? y ¿cuánto se erogó en sus finiquitos o liquidaciones?

“Lo pregunté el 3 de septiembre a 31 ayuntamientos, al día de hoy (20 de septiembre) desconocemos el estatus en 15 ciudades, están en proceso gracias a Infomex 14 casos y sólo han respondido tres.

”Pero las respuestas son increíbles, por ejemplo los de Mérida me mandan un oficio bonito pero con la respuesta: ‘su pregunta no corresponde a la ley’. Pero me lo fundamentan con un artículo que me da el derecho a preguntar.

”En Morelia me respondieron que 120 funcionarios fueron dados de baja, pero no especifica cuántos directores, coordinadores, secretarios; nada más dice generalidades de puestos, además de que no saben montos por negociaciones.

”También respondió Tlaxcala. Pero diciendo ‘se desconoce quiénes había en la nómina, por lo tanto se desconoce si los liquidaron o no’”, dijo, lo que provocó risas. “Es un retrato de lo que falta por avanzar”.

Posteriormente, al término de su ponencia reveló que entre los ayuntamientos que no le han contestado está el de Puebla capital. 

“Seguiremos esperando y en su caso iremos a los recursos de revisión, aunque ahora que se enteren seguro me lo dan”, dijo.
Guillén propuso reformar el derecho a la información y el resto de los derechos políticos desde el ámbito municipal. “Para que no nos quedemos en derechos en abstracto, sino que estén vinculados en espacios y personas concretas”.

Cabe decir que ejemplo de esta opacidad de los ayuntamientos, en la última sesión de la CAIP, los comisionados votaron unánimemente contra el ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez porque simplemente no respondieron una solicitud de información. Según el expediente 120/presidencia mpal-Tepexi-01/201, el solicitando pidió al ayuntamiento el plano del mercado municipal, sin embargo las autoridades hicieron caso omiso y no le respondieron nada. Ante la omisión, los comisionados de CAIP ordenaron a las autoridades de Tepexi de Rodríguez entregar la información en un plazo de 15 días, de lo contrario darán visto a la Contraloría del mismo municipio, lo que señalaba Samuel Rangel era caer en un círculo vicioso y que no garantizaba sanciones. Tepexi no es el único ayuntamiento que ha desobedecido órdenes de CAIP, sino también el de Tepeaca en 15 ocasiones y una el de Zapotitlán de Méndez, las cuales algunas ya dieron vista a sus respectivas contralorías.

En total se han interpuesto 18 recursos de revisión contra ayuntamientos poblanos, ocho de ellas han sido desechadas y siete revocadas, dijo en sesión Samuel Rangel.
 
La comparación
En el Reino Unido es totalmente abierto el proceso de designación del comisionado de acceso a la información y cualquier persona puede postularse, señaló el comisionado adjunto y director para Acceso a la Información de ese país, Graham Smith.

Al dictar la conferencia “El acceso a la información y la rendición de cuentas: la experiencia en el Reino Unido”, en la IX Semana Nacional de Transparencia, Smith hizo referencia al tema del nombramiento de los comisionados tras escuchar que en la actualidad es un motivo de preocupación e intenso debate en nuestro país. Explicó que cuando hay alguna vacante se hace el anuncio en todo el país y una dependencia del gobierno recibe las candidaturas. En esa instancia se hace la selección de un candidato, que es presentado a un comité del Parlamento. En esa instancia se analiza y si se considera que es una opción adecuada, se somete a la supervisión de otro órgano denominado “Comisionado para los nombramientos públicos”. Una vez que el Parlamento da su beneplácito, el primer ministro propone la candidatura a la reina y ella hace el nombramiento.

El comisionado adjunto de Reino Unido refirió que el órgano garante de la transparencia en su país es totalmente independiente y sólo le reporta de manera periódica al Parlamento. Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades y tienen el mismo peso jurídico que una sentencia de la Corte. Si las autoridades se rehúsan a ofrecer la información que se les demanda, o bien la destruyen, pueden incurrir en delitos y son objeto de sanciones.

Si bien existe la figura del veto por parte del primer ministro es un recurso que se utiliza muy poco y se debe hacer de manera transparente.
Smith relató que el ejercicio del derecho de acceso a la información en su país es muy reciente, pues si bien la ley respectiva fue aprobada a finales del año 2000, fue hasta 2005 cuando entró plenamente en vigor y se pudo ejercer el derecho. A partir de entonces, dijo, ha crecido de manera muy importante el interés de la sociedad por presentar solicitudes y se ha generado una gran expectativa por conocer cada vez más información.

El comisionado adjunto mencionó algunos de los casos más relevantes que ha logrado difundir su oficina mediante la Ley de Libertad de Información, como el expediente de armas de destrucción masiva, que fue una de las justificaciones que dio el gobierno de su país para participar en la guerra contra Irak.

Graham Smith aseguró que el derecho de acceso a la información ha tenido un efecto duradero, pues cada vez se revela más información y es el ciudadano común el que más ejerce el derecho.

“Antes nadie sabía cómo se gastaban los recursos públicos y ahora todos quieren saber; ahora el público espera que haya más claridad y rendición de cuentas.”