Las secretarías de Finanzas y Administración del gobierno del estado incumplieron con la ley de proyectos para prestación de servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla, una vez que no se entregó un verdadero estudio para la propuesta del llamado Museo Internacional Barroco, además de que se carece de transparencia sobre quiénes serán los empresarios que construyan la obra.
El diputado del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez Rodríguez, dijo que no va a dejar morir el tema, ya que se sigue disfrazando la deuda por parte del gobierno del estado y, si en la anterior administración el consentido del gobierno fue Ricardo Henaine, hasta el momento se han protegido los nombres de los empresarios afines al morenovallismo.
El legislador, que votó en contra del documento el 20 de marzo durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, recordó que el gobernador del estado emitió el decreto con fecha del 14 de marzo del 2013 mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado el desarrollo del proyecto Museo Internacional Barroco, bajo la modalidad de proyecto de asociación publico-privada, en los términos de la ley de asociaciones público-privadas y de las leyes que resulten aplicables.
Señaló que con 24 votos fue autorizado el desarrollo del proyecto cuya inversión estimada es de mil 400 millones de pesos, donde se prevé la participación del sector privado para la construcción y prestación de servicios de disponibilidad del mismo, a través del esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), siendo la finalidad especifica la de impulsar la actividad económica, turística y cultural del estado de puebla, a través de acciones que promuevan las riquezas artísticas, culturales y culinarias que ofrecen las ciudades y pueblos del estado.
Comentó que el Fondo Nacional De Infraestructura (Fonadin) ha autorizado a favor del estado un apoyo no recuperable por un monto de 500 millones de pesos, que el gobierno del estado erogará 200 millones de pesos para la adquisición del terreno y 650 millones de pesos corresponden a la inversión que realizara la iniciativa privada.
Indicó que el Partido del Trabajo hace notar a la sociedad en general que a su consideración, existe una violación flagrante a las disposiciones legales y reglamentarias que norman la ejecución de dicho proyecto, puesto que no hay información clara y publica que determine el cumplimiento de diversas condicionantes previas a la aprobación del decreto.
Indicó que la ley es clara al indicar que “las entidades estatales y dependencias que pretendan licitar o adjudicar un contrato deberán antes de iniciar el proceso de licitación o adjudicación, solicitar autorización a la Secretaria de Administración del estado”, así como que el inversionista proveedor deberá presentar el proyecto ante un comité de expertos que determinen si el estudio preliminar de costo-beneficio social justifica la viabilidad económica del mismo y determinar si la adjudicación del mismo se realizó a través del procedimiento de licitación publica, invitación restringida o adjudicación directa.
”Por lo anterior, podemos afirmar que este proyecto no constituye una estrategia de política social que permita abatir los índices de pobreza y marginación que tiene el estado de Puebla y, al contrario, es clara la intención de ampliar la inversión privada extranjera en perjuicio de la economía estatal, puesto que, si proyectamos que la inversión privada de 650 millones de pesos será recuperada en un plazo de 20 años, será necesario erogar pagos plurianuales en el orden de 32 millones 500 mil pesos cada uno, esto sin contar el pago de intereses y las variables que impacten sobre la ejecución y desarrollo del proyecto.”
Señaló que, como punto de comparación, hay que referir que los ingresos que recibe la mayoría de los municipios del estado de Puebla, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y que están destinadas exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, son inferiores a los pagos anuales a que hacen referencia.
