De acuerdo al abogado Gilberto Montalvo, quien presentó amparos en contra de las modificaciones a la Ley Estatal del Agua, jueces federales se otorgaron 3 amparos en contra de la Ley Estatal del Agua, otorgando una suspensión a la ley que determina que las empresas a las que les sea concesionado el servicio de agua determinen las tarifas del vital líquido.

En tanto no se resuelven los mismos se suspende de manera provisional que las empresas privadas a las que se les otorgue la concesión del servicio de agua, de acuerdo a la reforma aprobada por el Congreso de Puebla el pasado 12 de septiembre, puedan establecer tarifas del servicio concesionado.

En la antigua ley del agua era el Congreso el que establecía las tarifas del servicio de agua. Con la modificación a la ley del agua se estableció que las empresas privadas establecieran las tarifas de los servicios concesionados de agua. 

Gilberto Montalvo señaló desde su cuenta de Facebook cómo se suspendió provisionalmente el proceso de privatización del Sistema Operador de Agua de Puebla (SOAPAP). “El pasado fin de semana, por petición de algunos clientes, varios de ellos pertenecientes a la CNTE, este servidor decidió elaborar una demanda de amparo lo suficientemente bien expuesta y ambiciosa, capaz de dar una la lucha legal adecuada y exhaustiva, con el fin impedir la posible alza a la tarifa del agua potable. Por lo que con fecha veintiocho de octubre del presente se presentaron diversas demandas de amparo ante los juzgados federales, radicándose en 5 juzgados diferentes, de tal forma que hasta el momento tengo conocimiento de que tres de estos amparos han sido admitidos, el 1567/2013 en el Juzgado Primero de Distrito, el 1590/2013 del Juzgado Séptimo, y el 1540/2013 del Juzgado Décimo de Distrito, todos en el Estado de Puebla.

”Lo relevante, es que en esto tres juicios y a raíz de todas las reformas antes narradas, se ha concedido la suspensión provisional para que no se les aplique a los quejosos la Ley del agua respecto de todos los artículos que permiten la concesión del servicio, además, no podrá otorgarse la concesión a las empresas privadas hasta que se resuelvan los amparos citados, es decir, el proceso de licitación no podrá concluir hasta que se resuelvan en definitiva los juicios de los cuales se habla. Las juezas de distrito en unanimidad consideraron que de no concederse la suspensión se afectaría gravemente a la sociedad, advirtiendo de manera preliminar la inconstitucionalidad de la Ley del agua para el Estado de Puebla y de la licitación pública impugnada, resolución que hace años hubiere sido inconcebible”.

Además de los amparos presentados por el abogado Gilberto Montalvo, los tribunales deberán responder a otra catarata de amparos de ciudadanos que consideran ilegal la privatización del servicio de agua porque éste es un bien público y con la privatización se violan varios preceptos constitucionales y derechos humanos.

Los otros amparos atacan de raíz el problema de la privatización del servicio de agua porque en su argumentación consideran que el mismo viola derechos y garantías.

En el mismo sentido, la Asamblea Social del Agua señaló que a partir del 13 de noviembre iniciarán las audiencias constitucionales de los ciudadanos que se ampararon contra la privatización del servicio de agua realizado por el Congreso de Puebla

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El pasado lunes la Asamblea Social del Agua señaló que se habían presentado más de 3 mil amparos para impugnar la decisión del Congreso Local de concesionar los servicios operadores de agua del estado de Puebla.

Uno de los puntos centrales del amparo es que los particulares pondrán las tarifas para el cobro del agua y considerarán los adeudos como créditos fiscales.

De acuerdo a la argumentación del amparo la privatización del servicio público del agua viola los artículos 4 y 115 de la Constitución, ya que las leyes vigentes protegen el servicio público del agua considerándolo un derecho humano fundamental.

Pero además de los más de 3 mil amparos que han presentado contra la legislación aprobada por el Congreso local, la siguiente vía jurídica sería la de la controversia constitucional.

En las últimas semanas el movimiento en contra de la privatización del vital líquido ha crecido.

Familias de la ciudad de Puebla se expresaron en contra de la privatización del servicio de agua, el pasado domingo 20 de octubre la medida coloca acerca de 25 servicios operadores de agua en riesgo de que sus servicios sean privatizados.

Poco más de un millar de poblanos salieron a las calles desde “El Gallito” gritando consignas.

A la defensa del agua se ha sumado la demanda por la defensa del petróleo.

Desde marchas hasta críticas en las redes sociales y la respuesta jurídica de los ciudadanos, se ha intensificado el rechazo a la medida desde la Cámara federal donde analiza un exhorto al gobierno local para echar abajo la impopular medida.