Las represiones contra manifestaciones no cambian a lo largo del actual sexenio, incluso se disuaden casi de la misma manera: con violencia, gases lacrimógenos y balas de goma.

La misma estrategia se utilizó en dos manifestaciones con tres años de diferencia, inclusive con titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal distintos, pero con fama de represores: Ardelio Vargas Fosado y Facundo Rosas Rosas.

Manifestantes contra el gasoducto, mototaxistas, maestros disidentes, defraudados de cajas de ahorro e inconformes con el Registro Civil engrosan las filas de las cárceles poblanas, luego de ser reprimidos durante los tres últimos años, la mayoría en manifestaciones.

Según organizaciones no gubernamentales (ONG), desde la llegada de Ardelio Vargas Fosado —al inicio del sexenio— a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) iniciaron los ataques a las manifestaciones con la utilización de gases lacrimógenos y violencia excesiva para disolverlas.

Pero, a pesar de la salida de Vargas Fosado este 2014, ya al mando Facundo Rosas Rosas al frente de la SSPE se ha agudizado la respuesta de las autoridades a manifestaciones.

No sólo se siguen atacando las protestas por medio de la fuerza pública, sino ahora se detiene al mayor número de personas posible para procesarlos penalmente por distintos motivos, uno de ellos el de motín.

Según contabilizaciones de las ONG existen 31 procesados, 25 de ellos aún en prisiones poblanas debido a las altas fianzas fijadas por jueces penales solo por protestar en distintos puntos de Puebla y por distintas causas.

Incluso la diputada federal Roxana Luna Porquillo, en entrevista para Intolerancia Diario, señaló tajante que en Puebla no se están protegiendo los derechos humanos de los poblanos.

Las similitudes
A finales de 2011 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) emitió la que hasta ahora es la única recomendación en contra de la SSPE por violencia en una manifestación en Chignahuapan.

Y eso que se han registrado más hechos similares, como los ocurridos en mayo del 2011, cuando se disolvió con gases lacrimógenos una manifestación de comerciantes de autopartes en la Secretaría de Finanzas.

El saldo fue de 11 niños atendidos por paramédicos, una menor hospitalizada y siete detenidos. Y es que a los policías estatales no les importó que hubiera una escuela al lado de la manifestación, pero sin respuesta de la CDHEP.

La única recomendación contra manifestaciones se emitió luego de que ejidatarios que protestaban por el despojo de tierras de parte de un particular, fueron desalojados por la fuerza y uso excesivo de la fuerza el 23 de agosto de 2011.

Estos hechos fueron similares en a los ocurridos apenas hace unos días en Tehuacán, donde se disolvió una manifestación por medio de la fuerza e incluso se atacaron a representantes de medios de comunicación o reporteros como hace tres años.

En ese entonces, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, fue recomendado por la CDHEP por la violación de garantías y lesiones en contra de 31 campesinos de Chignahuapan, de acuerdo a los hechos constatados en 97 diferentes evidencias.

Policías los desalojaron utilizando gas lacrimógeno, proyectiles de goma y macanas ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad.

En aquel entonces Intolerancia Diario reveló una grabación en la que se escucha a Ardelio Vargas Fosado ordenar reprimir a un grupo de reporteros que cubrían el violento desalojo.

Las voces son del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado (Ardelio), del subdirector Segismundo Doguin Garay (Doguin), del director de la Policía Estatal Preventiva, Ricardo Ariel Vera Lira (Vera), además de un elemento de la Policía Estatal (PE).

PE: Líder, líder; son del pueblo, de aquí de Chignahuapan.

Ardelio: Pues no creo.

Doguin: Está bueno, al rato le regresas sus cámaras, nada más sin video.

Doguin: Sí, van a echar pedos, pero ni modo.

Doguin: Se identificaron como prensa o nomás andaban por ahí, nosotros no sabíamos ni quiénes eran.

Vera: Jefe, no sabíamos quiénes eran pero todo mundo nos atacaba, no sabíamos si eran buenos o malos, haciéndole al “politichino” escondiéndose entre los matorrales.

Doguin: ¿Y nosotros no los filmamos a ellos?

Vera: No, jefe, no hubo tiempo, hubiera visto, estuvo muy grueso.

Vera: Jefe a los carros los coyotes, este problema ya se acabó.

Ardelio: Líder.

Vera: Adelante, señor.

Ardelio: A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórreles toda la imagen que tienen; de tontos nos van a acusar si se las devolvemos, ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo.

Vera: Sí, señor.

Caso Tehuacán
Las últimas ocho personas aprehendidas, apenas este lunes perdieron su libertad durante un operativo policiaco para disolver una manifestación en el Centro Integral de Servicios (CIS) en Tehuacán, las que se suman a otras 19 aprehendidas en solo un mes.

Los manifestantes bloquearon las instalaciones del Centro Integral de Servicios, impidiendo el ingreso y la salida de funcionarios estatales, como de los ciudadanos que diariamente acuden a realizar un trámite.

Cientos de habitantes de la Sierra Negra, así como por los 12 presidentes auxiliares de Tehuacán, se apostaron frente a las instalaciones, además de cerrar la carretera federal a este municipio de la Sierra Negra.

Los elementos de la Policía Estatal disuadieron la protesta mediante el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, por lo que los manifestantes optaron por retirarse.

El saldo fue de seis detenidos y una treintena de heridos. La demanda de los pobladores de la Sierra Negra fue una: la reapertura de las oficinas del Registro Civil en sus comunidades.

Al igual que en el caso de Chignahuapan en 2011, de acuerdo con el portal Periodistas en riesgo, en el operativo se agredieron a periodistas.

Los agredidos por los policías fueron José Aurelio García e Iván González, fotógrafo y reportero del diario El mundo de Tehuacán; Yomara Pacheco, reportera del periódico El Sol de Puebla, y Alondra Tehuacanero Limón, reportera de la estación de radio La mejor.

Pero hay dos diferencias del caso Tehuacán de 2014 al de Chignahuapan de 2011: La CDHEP no ha emitido ninguna postura en la última y no hay un audio como el de Vargas Fosado.

Sin derechos humanos
En entrevista, la diputada federal Roxana Luna Porquillo sentenció que en Puebla no se están protegiendo los derechos humanos, al no haber pronunciamientos sobre hechos notorios.

“Lo que está pasando en 2014 es una ola más fuerte de criminalización a la lucha social y a la violación de los derechos humanos de los poblanos, pues no ha habido una recomendación de manera urgente de parte del ombudsman López Badillo”.

Recordó que en asuntos en los que fue portavoz o intermediaria, como en el caso de Atzizihuacan, donde 20 personas fueron detenidos saliendo de la Secretaría de Gobierno, la CDHEP no ha dado ninguna respuesta.

“Tampoco cuando el 7 de mayo de 2014 hubo víctimas de violencia de parte de de policías estatales, no hay pronunciamiento en cuando a la intervención para solicitar o hacer acciones cautelares, para la integridad de Delfino Flores —ersona que murió a los 90 años en la cárcel—, y eso que se solicitó la intervención.

”No hay un pronunciamiento del uso excesivo de la fuerza de supuestamente de la policía o grupos paramilitares que llegan en camionetas blancas, sin placas y encapuchados, a los operativos contra mototaxistas.

”La agresión que se está cometiendo a las comunidades que ha generado la detención a diestra y siniestra de varias personas”.

—¿Cuánta gente está detenida?

—Hay 31 detenidos, procesados bajo procesos penales; dentro de ellas hay cinco personas que han logrado su libertad, pero otros no han podido salir por el exceso de las fianzas.

“Donde está el pronunciamiento de la CDHEP en cuanto a las fianzas excesivas que se fija a la gente que está recluida y que no pueden pagar y no tienen acceso a la justicia”, insistió.

“Está las quejas presentadas también porque organizaciones de defensa del agua y de la tierra por los megaproyectos y no hay respuesta. La queja de David Macuitl Cóyotl, niño cuya madre está detenida por una violación de derechos humanos y tampoco hay nada.

”¿Dónde está el pronunciamiento del hecho de la niña agredida en operativo de mototaxis en Coronango? La que tuvo que ser hospitalizada por el salvaje trato que le dieron como delincuente a una niña de 12 años.

”No hay un pronunciamiento en cuanto a las personas detenidas. Creo que ha sido omiso el ombdusman de callar ante todo lo que está pasando en el estado y una de las obligaciones de estos organismos es para garantizar que se protejan los derechos humanos en todo el estado”, insistió.

“No hay pronunciamiento en cuando a la libertad de la manifestación. Hoy si se manifiestan hay detenciones, no se garantiza a mototaxistas una alternativa de trabajo, que es el derecho al trabajo; se les encarcela y criminaliza.

”Esto es parre de lo que estamos viviendo, yo soy testigo, como ciudadana poblana, que si marcas a una hora determinada después de las seis de la tarde la Comisión de Derechos Humanos no contesta.

”En todo caso, contesta un policía y dice que no te puede tomar la queja. La misma comisión es la primera en violentar el acceso que es un organismo que está para defender”, dijo.

“Lo que se hizo en el Congreso es darle un premio y ocultar lo que sucede. Un premio a quien ha sido aliado de los ciudadanos y no ha cumplido con sus funciones de vigilar el Estado de derecho.

”Eso significa que no haya recomendaciones y que al contrario ha traído omisiones que generan clima de miedo e inestabilidad”, continuó Roxana Luna.