A pesar del ofensiva morenovallista para "limpiar" la imagen del gobernador de Puebla y al mismo tiempo desacreditar a sus opositores y críticos, la información sobre la represión estatal no desciende.
El semanario Proceso, en su edición 1969 del 27 de julio, dedica ocho páginas a la represión y a la criminalización de la protesta social emprendida por el gobierno de Rafael Moreno Valle hacia ciudadanos y movimientos sociales; en reportajes y artículos de opinión se analiza el fenómeno de la represión en Puebla y en caricaturas se ironiza sobre la figura del gobernador Moreno Valle.
Proceso, a través de un reportaje firmado por los periodistas Álvaro Delgado y Gabriela Hernández, dice: “El gobernador de la represión y la mentira”, donde se describe el clima represivo en contra de activistas y ciudadanos en la entidad.
En el artículo de opinión “La represión desplaza a la política”, el periodista Jesús Cantú describe los efectos de la “ley Bala” aprobada por el Congreso de Puebla, así como los intentos de otros estados por emular leyes que repriman la protesta social.
Además, en la caricatura “Monosapiens”, de Helguera y Hernández, se dibuja un cartón denominado: “El góber bala en final feliz”.
La repercusión mediática e informativa sobre la “ley Bala” no desciende, a pesar de la ofensiva gubernamental en medios electrónicos y la adquisición —por medio de patrocinadores no revelados pero que ocupan las voces gubernamentales— de espacios en las redes sociales y el buscador Google.
Aunque el morenovallismo busca acallar las críticas y denuncias en contra del violento operativo del 9 de julio, eximiendo al gobierno estatal de cualquier responsabilidad, con un Congreso local a modo, que sin discusión alguna aprueba las leyes como sucedió.
Mientras en medios impresos como el semanario Proceso o el periódico La Jornada se cuestiona la versión oficial que inculpa a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en medios masivos como los noticiarios de Televisa no se propaga la versión de los pobladores, sino la explicación oficial de la represión del pasado 9 de julio.
El miércoles 23 de julio, en el noticiario de Televisa conducido por Joaquín López Dóriga se presentó el caso de José Luis Tehuatlie Tamayo, el niño que murió durante la represión del 9 de julio, pero el noticiario privilegió la explicación del gobierno del estado, eliminado la información de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
En la nota televisiva el procurador de Justicia del estado de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, explica que las heridas sufridas por Tehuatlie Tamayo provienen de un objeto explosivo: “Los únicos explosivos que se utilizaron fueron los cohetones y las bombas molotov lanzados por la gente que estaba ahí”.
La tesis morenovallista
La tesis morenovallista la ha repetido con diversos comunicadores y medios de comunicación.
Durante una reunión la semana pasada con columnistas de medios nacionales, como Francisco Garfias, del periódico Excélsior, el gobernador Moreno Valle repitió la tesis.
Cabe señalar que la tesis del gobierno estatal ha sufrido variaciones.
Desde las primeras horas del enfrentamiento del 9 de julio, el gobernador acusó a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
La primera explicación de la administración estatal fue que los pobladores de San Bernardino ocuparon al niño Tehuatlie Tamayo como “escudo humano”: “…es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.
Aunque la administración estatal ha buscado documentar la tesis de que no fue armamento de la policía estatal, sino una agresión producida por los mismos pobladores de San Bernardino Chalchihuapan la que provocó la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, su versión ha sido rechazada en redes sociales y entre medios de comunicación.
Toda la semana Moreno Valle la dedicó a explicar la versión de que fue un cohetón el que produjo las heridas a Tehuatlie Tamayo.
La administración estatal mostró videos donde algunos pobladores intentaban defenderse del operativo policiaco ocupando cohetones. En los videos aparecen pobladores defendiéndose del operativo sobre el puente que comunica a San Bernardino Chalchihuapan y cruza la autopista Atlixco-Puebla.
Sin embargo, el gobierno estatal no ha podido sostener su conjetura debido a que los mismos pobladores han mostrado el armamento ocupado por la policía estatal, mucho más numeroso que la aparición en videos de algunos pobladores repeliendo a la policía.
Para explicar su versión, el gobierno del estado ha sostenido que el cohetón lanzado no dejó huellas de pólvora y el mismo Moreno Valle ha llegado a sostener que los rastros de pólvora fueron “limpiados” por los pobladores.
Otra justificación con la que el morenovallismo ha intentado justificar la agresión del 9 de julio es la fotografía mostrada por el gobierno estatal, donde presuntamente el niño Tehuatlie Tamayo alza una pancarta de protesta.
Esta línea de desacreditación no le sirvió de mucho a la administración estatal. Pues el hecho de que una persona, y hasta un menor, proteste no implica por eso que deba ser agredido por la policía.
En el semanario Proceso número 1969, en un reportaje de Álvaro Delgado y Gabriela Hernández se hace el recuento de la represión morenovallista con 35 opositores que han sufrido proceso penal:
“Cualquier manifestación opositora a sus proyectos ha sido hostilizada y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma pero también con cárcel, a menudo —conforme a numerosas denuncias e los afectados— con fabricación de pruebas”.
El reportaje de Proceso también advierte sobre el riesgo de que la represión gubernamental aumente en el estado de Puebla.
En especial en la Sierra Norte, donde está programada la construcción de distintos proyectos hidroeléctricos.
El reportaje del semanario de información y análisis expone que el gobierno estatal ha privilegiado la represión antes del diálogo con jefes de policía como Ardelio Vargas Fosado y actualmente con Facundo Rosas.
Durante la semana que transcurrió, el periodista Jorge Zepeda Patterson escribió en el diario español El País, en su sección de opinión: “Los palestinos de Puebla”.
En el artículo el sociólogo destaca cómo el gobernador de Puebla intenta justificar el uso de la fuerza pública en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan comparando a Moreno Valle con la represión de las fuerzas israelitas en Palestina.
Zepeda Patterson fue uno de los principales críticos del uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia que hizo el entonces gobernador de Puebla Mario Marín Torres para encarcelar a la periodista Lydia Cacho Ribeiro en una vendetta de Kamel Nacif, el Rey de la Mezcilla.
