Las mujeres poblanas que desean abortar acuden al Distrito Federal para practicarse un aborto debido a que en la legislación de Puebla la interrupción del embarazo está prohibida y sancionada en el código penal.
Por esa razón, del 2001 a la fecha, únicamente se ha permitido un aborto debido al causal de violación, mientras que 548 mujeres poblanas se han practicado en instituciones de salud del Distrito Federal la interrupción del embarazo.
Natalí Hernández, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, expuso en rueda de prensa que en el estado de Puebla se requiere ya sea que amplíen las causales para practicarse de manera legal un aborto o simplemente despenalizar la interrupción del embarazo, como sucedió en el Distrito Federal.
Hernández expuso que se debe incluir en las causales legales de un aborto cuestiones económicas y enfermedades mentales.
En la actualidad, la legislación de Puebla solamente contempla como causas legales para practicarse un aborto causas eugénesicas, violación y si se coloca en peligro a la madre.
Hernández criticó que los diputados soslayan los derechos sociales y reproductivos al querer hacer consultas de estos derechos, cuando se trata de derechos que deben ser reconocidos; en respuesta a la postura de diputados del actual Congreso de excluir la despenalización del aborto en su agenda legislativa, y principalmente de diputados de izquierda que eliminan el tema de sus agendas legislativas.
Este 28 de septiembre se celebró en América Latina y el Caribe el Día de la Despenalización del Aborto.
Entre las demandas de diversos grupos que promueven la despenalización del aborto se plantean:
Despenalizar el aborto, eliminando las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad, libre de requisitos, tutela o consentimiento marital o parental.
Tomar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y en otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo o ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres.
Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad.
Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.
Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos, garantizando la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos de los estados o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.
