El diputado local del PAN, Víctor León Castañeda, consideró importante que desde el Congreso de Puebla, pueda tipificarse como delito grave la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y evitar tragedias como las ocurridas hace cuatro años en San Martín Texmelucan.
Mencionó que la prevención en materia de protección civil debe ser de los tres niveles de gobierno, pero también destacó que se requiere del apoyo de las personas para garantizar la seguridad de quienes viven en zonas por donde pasan ductos de la paraestatal.
En el caso de San Martín Texmelucan donde hace cuatro años hubo 30 muertos por la explosión de los ductos a raíz de la ordeña de ductos, dijo, está preparado para reaccionar ante cualquier contingencia que pudiera presentarse.
Tras los cuatro años del incidente, el diputado local del PAN que representa el distrito de ese municipio, dijo que los habitantes aún no superan los hechos registrados en 2010, cuando la madrugada del 19 de diciembre corrían los “ríos de fuego”
Precisó que al inicio de la legislatura presentó un punto de acuerdo para solicitar a los 217 ayuntamientos del estado de a Puebla, cumplir con la instalación de los comités de protección civil.
Cabe recordar que en octubre se dio a conocer a través de la Dirección de Protección Civil del Estado, que sólo 166 ayuntamientos cumplen con el mismo número de comités de protección civil.
En su momento, el titular de dicha dirección, Jesús Morales Rodriguez, quien compareció en octubre ante los diputados locales, no especificó qué ayuntamientos no cumplían con esta responsabilidad para garantizar la seguridad de los habitantes.
La impunidad
Tras la tragedia en la que murieron 30 personas durante las explosiones de ductos de petróleo en San Martín Texmelucan, decenas de familias damnificadas siguen esperando los trabajos de reconstrucción de sus viviendas, sin embargo, para las autoridades la fecha pasó desapercibida.
Es preciso señalar que a la fecha no se ha aclarado las verdaderas causas que originaron el accidente y mucho menos ha habido detenidos.
Tampoco la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han emitido un veredicto, por lo que aún no hay culpables de aquel fatídico 19 de diciembre.
Ahora la zozobra aumentó porque las casas en reconstrucción aún no tienen ningún servicio, por lo que temen que los trabajos no los pague Petróleos Mexicanos (Pemex) y sí los afectados.
En tanto, las consecuencias sociales y económicas en lugar de terminarse se multiplican en cascada, pues la paraestatal y el gobierno del estado sólo reconocieron como afectados y con derecho a una indemnización a los propietarios de 37 casas y a los deudos de los muertos.
Al margen de pagos quedaron habitantes de los 62 edificios de la unidad habitacional San Damián, propietarios de pequeñas empresas y negocios que operaban en la entonces “zona cero”.
Pemex sólo cubrió los pagos a las personas más afectadas, quienes perdieron sus casas al cien por ciento. Las indemnizaciones alcanzaron los 55.2 millones de pesos; sin embargo, han dejado a un lado los daños a terceros.
Malas obras
Marco Antonio Quiroz, empresario constructor afectado por la tragedia, detalló a Intolerancia Diario que en la calle de la llamada “zona cero” no se sustituyeron drenajes ni las tomas de agua de las viviendas y así pavimentaron.
“Las mangueras de las tomas de agua no se han cambiado, obviamente con el tiempo van a empezar a salir fugas. El drenaje ni siquiera lo han desazolvado y ya quieren pavimentar, todo porque si lo hicieran como es debido las obras se encarecerían más.”
Asimismo, señaló que la construcción del puente peatonal de la colonia Solidaridad está cimentando solo a dos carriles en lugar de los 4 que tenía, lo que perjudicará el tránsito en el lugar.
