Una menor indígena, quien denunció haber sido violada, y su madre, no pueden acceder a la justicia en Puebla y han sido vulnerados sus derechos humanos en la búsqueda de la justicia, la cual no llega en sus lenguas maternas, a pesar de que las leyes así lo contemplan.
A las mujeres, a pesar de que la constitución y las leyes locales lo establecen, se les negó la interpretación de un traductor indígena para acceder a la justicia tanto en Zacapoaxtla como en Teziutlán.
Dicho caso ya llegó a San Lázaro, donde los legisladores exigen a la PGJ un proceso apegado a derecho y le exigen a la CEDH su intervención a favor de estas mujeres indígenas de Xochitlán de Vicente Suárez.
La doble condición de ser mujer y de hablar una lengua indígena les impide a estas mujeres acceder a la justicia.
Los legisladores, Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución, presentaron este miércoles en el pleno legislativo un punto de acuerdo.
Los diputados exhortan a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, con base en los principios del debido proceso y bajo una perspectiva de género, para que concluya la investigación en torno a la violación sexual de una menor de edad en Xochitlán de Vicente Suárez, a fin de que sea procesado y sancionado conforme a la ley el presunto responsable del delito, Amado Gregorio de los Santos, así como a garantizar la presencia de una persona intérprete y defensora que acompañe a la víctima en todas las etapas del proceso judicial.
Además, se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de la ciudadana Margarita Gregorio de los Santos y su hija, durante el proceso judicial que ellas iniciaron al denunciar un caso de violación sexual, a fin de lograr la añorada justicia, particularmente por ser una menor indígena y considerar la pertinencia cultural correspondiente.

Un caso de violación

La población de Xochitlán es mayoritariamente indígena, y es uno de los 217 municipios que conforman al estado de Puebla. Cuenta con una población total de 12 mil 249 habitantes, de los cuales 60.3 por ciento de personas adultas habla alguna lengua indígena.
En esta pequeña comunidad, en mayo de 2014, una menor indígena enfrentó un ataque sexual por parte de su tío, Amado Gregorio de los Santos, hecho que hasta hoy continúa impune como resultado de la indolencia, omisión e indiferencia institucional que permea las instancias de “justicia” en el estado de Puebla.
La historia ha sido denunciada por la madre de la menor, Margarita Gregorio de los Santos, quien ha explicado que comenzó a observar en su hija un comportamiento extraño, y fue después de muchas preguntas que la menor relató la violación a la que fue sometida por parte de su tío y por la cual quedó embarazada.
Pero la denuncia se volvió un calvario: “Con conocimiento de los lamentables hechos, acudieron al juzgado menor de la presidencia de Xochitlán, donde originalmente inició su búsqueda de justicia, pero enfrentaron diversos obstáculos para presentar la denuncia, por lo que tuvieron que dirigirse al Ministerio Público de Zacapoaxtla, donde lograron interponer la denuncia penal”.
El 15 de diciembre de 2014, mediante oficio 163/14 fue enviado a Teziutlán para abrir un expediente de investigación. Posteriormente, en este viacrucis legal, fue en Zacapoaxtla donde su declaración les fue tomada abriéndose el expediente penal 698/2014/Zacapoaxtla.
Otra anomalía grave fue que no se les proporcionó a las mujeres denunciantes un traductor indígena como marca la ley: “La madre de la menor declaró que tanto en la agencia ministerial de Teziutlán como en Zacapoaxtla no contó con el apoyo de un traductor o intérprete, porque ella y su hija sólo hablan la lengua náhuatl, por lo que consideró que no se tomaron en cuenta sus declaraciones con pertinencia cultural existiendo deficiencias, omisiones y vicios de origen.
”De esta manera, existe clara presunción de que su derecho al debido proceso, y a ser asistidas por intérpretes y personas defensoras que tengan conocimiento no sólo de su idioma sino también de su cultura original, les fue violado”.
Lo anterior expuesto se encuentra asentado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, en su fracción VI, que a la letra establece los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas para: “VI. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.
De igual forma, el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 55, establece que: “Cuando una persona deba intervenir en un acto procesal y no comprenda el idioma español, no se exprese con facilidad o tenga algún impedimento para escuchar o darse a entender, se le brindará el apoyo necesario para que se desarrolle en su propio lenguaje.
”Debe proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el idioma español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma; así como las que tengan algún impedimento para escuchar o darse a entender”.
De esta forma, pese a lo establecido en nuestro marco jurídico nacional, la historia de una menor de edad víctima de violencia sexual, no ha podido encontrar justicia en las instituciones de su estado.
Desde hace más de un año no han existido avances en la investigación de la violación de esta niña de la comunidad poblana de Xochitlán, por lo que su madre ha buscado la ayuda de terceras personas que hablen castellano para dar a conocer a los medios de comunicación la situación a la que hacen frente desde su marginada y aislada comunidad.
La historia de injusticia de estas dos mujeres indígenas que tampoco saben leer ni escribir es una de entre miles que vulneran los derechos fundamentales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas del país, afortunadamente ellas han encontrado los medios y el valor para alzar la voz y denunciar las sistemáticas violaciones a sus derechos que han enfrentado a lo largo de casi un año.
En Puebla existe un problema generalizado de “invisibilización” por parte de las autoridades de los delitos sexuales que enfrentan las mujeres, esto ocurre en parte por el subregistro y la complejidad jurídica para definir el delito.
Todo esto se enmarca en una cultura de la violación dentro de una estructura patriarcal que tolera y normaliza la violencia sexual contra mujeres y niñas, que atravesado por los componentes de edad y étnico, agrava el problema de injusticia, señala el punto de acuerdo de los diputados.