Puebla está destacada a nivel nacional por violaciones a garantías individuales y persecución contra luchadores sociales, manifestó Mario Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroPro).
Y afirmó que particularmente en el estado de Puebla se vive un clima de hostigamiento hacia líderes luchadores sociales y la libertad de expresión.
En visita en Puebla, en entrevista señaló la sociedad civil debe tomar un papel más activo para exigir a las autoridades en turno que se respeten los derechos humanos.
Apenas este viernes en total sigilo, sin invitaciones y solo con un vídeo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDH), Adolfo López Badillo, realizó su informe de labores.
Por primera vez en la historia del órgano garante de las garantías individuales de Puebla se realizó un informe sin convocatoria a medios de comunicación y solo con sus trabajadores.
En un vídeo presentado en su página de internet de 18 minutos, trataron en 27 segundos el caso Chalchihuapan y no mencionan a ninguna dependencia estatal a la que le hayan girado recomendaciones, se enfocan solo contra ayuntamientos.
Lo que no informaron es que en 2014, CEDH giró 34 recomendaciones por violaciones a las garantías individuales, pero solo cuatro fueron contra entidades del gobierno estatal.
El grueso de las recomendaciones se emitieron contra ayuntamientos como por ejemplo, tres contra el de Izúcar de Matamoros y Tehuacán, o dos contra Tecali y Ajalpan, entre otros.
Todo a pesar de que el año pasado se registraron al menos 72 presos políticos, según cifras de organismos civiles, la mayoría detenidos uso de la fuerza pública.
Los detenidos fueron por protestas contra distintas situaciones, como defensa de mototaxis y oposición a la construcción del gasoducto, el caso Chalchihuapan  o al parque de las 7 culturas en Cholula.
También este año López Badillo se caracterizó por encubrir violaciones a garantías individuales, desde la promulgación de la “Ley Bala”, el Caso Chalchihuapan y la detención de líderes sociales.
Represión
Patrón Sánchez, señaló que Puebla ha destacado a nivel nacional por el tema de violaciones a derechos humanos y persecución contra luchadores sociales.
Por lo tanto, afirmó que el caso de Chalchihuapan quedó claro que el estado el ejecutor de la violencia.
Dijo que particularmente en el estado de Puebla se vive un clima de hostigamiento hacia líderes luchadores sociales, hay casos claros que así lo demuestran.
En la sede de la Universidad Iberoamericana, Patrón Sánchez impartió una conferencia titulada “Situación actual de los derechos humanos en México”.
En el mismo tenor sostuvo que el país está en una crisis de derechos humanos, pero es precisamente en esta crisis cuando la sociedad debe actuar para que la situación no se repita.
“Chalchihuapan es un asunto de graves violaciones a derechos humanos donde está vinculada la participación y regularización de fuerzas policiales en ejercicios legítimos de libertad de expresión que incluso determinaron la vida de un menor de edad”.
Indicó que es muy grave que a pesar de haber sido aceptada la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta ahorita no haya una pauta de justicia.
“Si bien hasta ahorita se ha avanzado en el tema de la verdad, en la medida de que se sabe que el estado el responsable, pero no así de la justicia”.
“Preocupa junto con esto la intencionalidad que se ha podido advertir a partir de la ley bala de generar conceptos y estrategias de censura previa sobretodo y de truncamiento de la libertad de expresión y de manifestación”.
 
El contra informe

Durante todo 2014, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CEDH), giró 34 recomendaciones por violaciones a las garantías individuales, de las cuales cuatro fueron contra entidades del gobierno estatal, apenas poco más del 10%.
Mientras tanto, el grueso de las recomendaciones se emitieron contra ayuntamientos como por ejemplo, tres contra el de Izúcar de Matamoros y Tehuacán, o dos contra Tecali y Ajalpan, entre otros.
Todo a pesar de que el año pasado se registraron al menos 72 presos políticos, según cifras de organismos civiles, la mayoría detenidos uso de la fuerza pública, por protestas contra distintas situaciones, como defensa de mototaxis y oposición a la construcción del gasoducto, el caso Chalchihuapan  o al parque de las 7 culturas en Cholula.
Pero la CEDH-Puebla no emitió ninguna sola recomendación al respecto, además de que guardó silencio a temas polémicos como la llamada Ley Bala, que daba facultades a policías del uso de armas de fuego en manifestaciones.
Incluso en su último informe presentado por Adolfo López Badillo, las recomendaciones pasaron a segundo término, ya que solo  resaltó fueron sobre todo las quejas contra autoridades, dejando a un lado las recomendaciones.
Por ley las indagatorias de presuntas violaciones graves a derechos humanos, como la pérdida de la vida o golpes y lesiones, no pueden conciliarse.
Por lo tanto las autoridades pueden evitar la recomendación resarciendo el daño, es decir, pagando hospitalización en dado caso o cese de elementos policiacos.
Sin embargo existen quejas de ciudadanos a quienes simplemente no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence que no procederá.
Pero para que no se note la diferencia de los números, la institución protectora de derechos humanos en Puebla, dio la orden de enumerar en su página oficial de internet también las conciliaciones junto con las recomendaciones, lo que antes no se hacía.
Ahora las recomendaciones no se emiten mediante boletines de prensa, como se acostumbrada desde que fue creado el organismo. Solamente ya son subidas a la página de internet oficial.
 

Números hablan

Desde que inició el sexenio estatal en febrero del 2011, se han emitido 155 recomendaciones, 29 de ellas solo fueron contra autoridades del gobierno del estado, de las cuales apenas 17 las emitió la administración de Adolfo López Badillo.
En el último año, de las cuatro recomendaciones a entidades de gobierno, tres fueron contra la Procuraduría de Puebla, y una contra la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con estos números y un bajo nivel de credibilidad, según organismos no gubernamentales (ONG), el presidente de la CEDH-Puebla, Adolfo López Badillo, se reeligió por cinco años más apenas este 2014.
De las 155 recomendaciones, 120 fueron en la gestión del presidente de la CEDH-Puebla, y las 35  restantes se emitieron en tan solo seis meses, cuando Marcia Maritza Bullen Navarro presidia el organismo, 12 de ellas contra autoridades estatales.