La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no cierra el caso de Chalchihuapan y ahora solicitó al gobierno de Puebla pruebas de que en la “disculpa pública” hayan estado presentes los afectados.

En el documento entregado por medio de la ley de Transparencia a Intolerancia Diario, el organismo nacional pide al ahora exjefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn, un listado de las personas presentes en el acto realizado el 17 de octubre de 2014.

La llamada “disculpa pública” del gobierno del estado a afectados por la represión en Chalchihuapan se hizo de la forma más sombría, con funcionarios de segundo nivel y en tres minutos.

El 2 de marzo, Intolerancia Diario reveló por primera vez el video donde el gobierno de Rafael Moreno Valle emitió la llamada “disculpa pública”, para lo que dedicó solamente unas cuantas palabras.

Sin afectados, ni reporteros, con 22 personas sentadas —supuestos trabajadores del gobierno estatal— y 3.35 minutos bastaron para que el gobierno del estado emitiera su “disculpa pública” por el caso del enfrentamiento en Chalchihuapan, tras la recomendación de la CNDH.

El video fue entregado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también mediante una solicitud por medio de la ley de transparencia.

La lista

En el documento con número de oficio 04068, emitido el 28 de enero de 2015, la CNDH tras un análisis de las documentales entregadas por el gobierno de Puebla de la “disculpa pública”, pidió un listado de las personas presentes en el evento.

“(…) le solicito amablemente nos informe quienes de los asistentes a la ceremonia fueron identificados como víctimas y/o familiares de estas y nos envíe copia de la lista de las personas presentes en dicho evento”, señala textualmente el documento.

Además, con fundamento en el artículo 106 del reglamento interno de la CNDH, solicitó al gobierno estatal que proporcione una fotocopia integra, foliada y certificada de todas y cada una de las constancias con la que sustente el informe que rinda.

En el oficio se señala que el evento avalado por el titular de la Notaria Pública 22, Horacio Hidalgo Mendoza, por lo que se entregó a la CNDH el instrumento notarial 32.445, en el que se dio fe de los hechos, además de anexarse 10 fotografías y un vídeo.

Usted disculpe

“En estricto cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 y en nombre del gobierno de Puebla, ofrezco una disculpa pública a cada una de las víctimas y sus familiares, quienes hayan sufrido alguna violación a sus derechos humanos en los hechos ocurridos el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan”.

De este modo las autoridades poblanas reconocieron la violación de derechos humanos de habitantes de la comunidad, aunque lo hizo de la forma más discreta.

La lectura de siete puntos la hizo el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, José Montiel Rodríguez, quien fue además encargado de despacho de la subsecretaría General de Gobierno.

Estuvo flanqueado por el subsecretario se inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Zeferino Juan Sánchez Zarza y otro funcionario de quien se desconoce su identidad.

Hasta el sexto de siete puntos se ofrece la disculpa, mientras en los otros seis, donde se expone la forma en que se resarcirán los daños.

El evento supuestamente se realizó el viernes 17 de octubre de 2014 a las siete de la tarde en el salón Oriental 1 del centro de Convenciones.

Según las imágenes, el lugar ya está lleno con 22 personas sentadas, quienes solo hacen acto de presencia como mudos testigos, sin aplausos o comentario alguno.

Fuentes del mismo gobierno estatal, señalaron que se trata del mismo personal de las dependencias estatales.

Además no se nota la presencia de reporteros o representantes de medios de comunicación, ni mucho menos de alguno de los damnificados de Chalchihuapan.

Al siguiente día, el  18 de octubre, se giró un boletín publicado por diversos medios de comunicación escritos, cuyos reportes el gobierno poblano también entregó a la CNDH.

En la madrugada de ese mismo 18 de octubre, Chalchihuapan despertó con la irrupción de policías estatales a algunas viviendas, donde aprehendieron a cinco personas por los mismos hechos.


El porqué de la disculpa

El 9 de julio un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcáyotl, la cual comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.

Para desbloquearla, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, encabezada por Facundo Rosas, montó un operativo desde muy temprana hora, según la investigación de la CNDH.

Esto indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.

En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.

De este modo salieron al menos diez lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número, debido a que muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.

Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tlehuatle Tamayo, quien falleció 10 días después, producto de la lesión que sufrió en la cabeza por una lata de gas lacrimógeno lanzada por las autoridades.

Esta situación generó una investigación de la CNDH, la que culminó el 11 de septiembre con la recomendación al gobierno de Puebla de llevar a cabo 11 puntos, al comprobarse que policías estatales abusaron de la fuerza y fueron los responsables de la muerte del niño de 13 años de edad.

Uno de estos puntos, fue el de ofrecer una disculpa pública a los afectados de parte del gobierno estatal.