Las obras que se realizan por medio de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS), obligan a las autoridades a heredar deudas a los gobiernos sucesores, así lo aseguró el vicepresidente del comité nacional de estudios económicos del IMEF, Jonathan Heath.
    
En entrevista, Jonathan Heath, explicó que los PPS sí aumentan los pasivos de las entidades federativas y advirtió que el uso de este esquema de financiamiento podría generar un “hoyo”

“En una situación donde tienes mucha deuda y empiezas a recurrir a este tipo de esquemas (PPS), como para que no se registre, te puedes estar metiendo en un hoyo más grande”, advirtió.

Con cautela, agregó que es necesario revisar el caso de cada Estado para poder definir en qué situación se encuentra.

“Si tú partes de una situación de cierto saneamiento y salud financiera (el PPS) pudiera ser un instrumento muy bueno, sin embargo, un gasto de ese tipo es un gasto de futuro, entonces en vez de cobrar el impuesto para pagarlo, vas a tener que endeudarte más”, indicó.

En el Club de Empresarios de Puebla, el especialista recordó que para algunos Estados, los Proyectos por Prestación de Servicios, no se registran como deuda pública, pero acotó que incluso en esos casos, los PPS “son compromisos”.

“Las obras vía PPS, las hace un particular, pero las utiliza y la renta el gobierno del Estado. Va abonando pero no lo registra como si fuera deuda”, reiteró tras el Evento Técnico  "Las Perspectivas Económicas de México a Mediados de Sexenio: ¿Alcanzaremos el Crecimiento Prometido?

En Puebla los PPS se utilizaron es este sexenio para obras como el CIS, la autopista AUDI y la instalación de la Rueda de observación, entre muchos otros. Anteriormente el ayuntamiento de Puebla concesionó el servicio de alumbrado público, aunque fue hasta el año pasado cuando también se entregó el servicio de Agua Potable. 

El directivo del IMEF, comparó los PPS con los Pidiregas (Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público). 

Al respecto es importante señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), define los Pidiregas comos proyectos de obra pública financiada por el sector privado o social y construidos por un privado o un tercero.

Los Pidiregas son un diferimiento de gastos, una contingencia que mantiene el gobierno “y por lo tanto se debe de contabilizar como deuda”.

Ejemplificó que los Pidiregas tenían vacíos legales: “el gobierno reportaba un balance económico, y después otro balance y tenía varios rubros que estaban fuera de balance”.

Avalan la privatización del agua
    
Desde su perspectiva la privatización de los servicios, como el agua potable, puede ser una decisión positiva. 

“Porque si el gobierno no lo está administrando bien y tiene pérdidas, lo puede concesionar y puede hasta ganar dinero. De todas formas el agua se sigue suministrando”, señaló.


Agregó que el beneficio de privatizar, en el caso concreto del agua, es que mejoraría la calidad del servicio: “Yo como ciudadano, preferiría que me lo concesionarán porque seguro va a estar mejor manejado. Pero hay ciudadanos que piensan diferente”.

Regidor discrepa; considera alarmante el caso de Puebla

Los datos revelados por el despacho White & Case, donde se afirmó que el servicio de agua potable en la capital fue concesionado a 60 años y por montos mucho más altos de los informados públicamente, resultan alarmantes y preocupantes, externo el regidor Iván Galindo Castillejos.
    
En entrevista por separado, el regidor presidente de la comisión de Servicios Públicos subrayó “resulta brutal” que se haya negociado el servicio del agua en Puebla por 415 millones de dólares, unos 6 mil 430 millones de pesos.

Los 6 mil 430 millones de pesos entregados, contrastan con la información anterior del gobierno de Rafael Moreno Valle donde se señaló que el Soapap fue concesionado por mil 400 millones de pesos, es decir poco menos de una cuarta parte de lo declarado por la firma White & Case.

También duplica el plazo de la concesión, mientras la versión oficial señala 30 años como plazo, la el despacho asegura que fueron 60 años los comprometidos. 

“Es brutal, alarmante y ofensivo que la concesión se haya negociado en 415 millones de pesos además que el acuerdo se realizo de forma por demás opaca”, sentenció.
  

Si la autoridad morenovallista recibió esa cantidad, afirmó el regidor del PRI, tiene que explicar qué hizo con ese dinero, “porque queda claro que no se invierte en mejorar el servicio del agua potable”.
    
Al igual que ha hecho en varias sesiones de cabildo insistió en que para despejar dudas “debemos tener acceso al contrato que firmó (el gobierno) con la empresa”.

Desde cabildo solicitaron informe financiero al SOAPAP
    
Galindo Castillejos, recordó que desde el cabildo de la ciudad, la fracción priista ya solicitó que el SOAPAP presente cuentas claras, sin embargo el organismo hace caso omiso.
    
Lo más importante, reveló el presidente de la comisión de Servicios Públicos, son las características del acuerdo y los compromisos que hizo la empresa.

“Pero no se sabe nada, no se sabe si se comprometieron a mejorar la red de agua potable, drenaje y alcantarillado”.
    
Revelo que así como están las cosas, no se puede hacer nada, “porque estamos a ciegas”.

“Lo cierto, afirmó, es que se trata de un contrato millonario, jugoso y un negocio redondo, porque la empresa Agua de Puebla, no está invirtiendo nada mientras la comuna realiza acciones de construcción y mejoramiento del sistema de aguas de la ciudad”, puntualizó.
    

Diputados y CAIP, cómplices morenovallistas 

“En los acuerdos entre Agua de Puebla y el gobierno del Estado, hay dos cómplices que deben presentar explicaciones urgentes. Los diputados locales, que aprobaron el convenio y la CAIP, que está todavía peor, porque se convirtió en un espacio denigrante y dependiente del gobierno del Estado, porque le puso candados al contrato y no se podrá abrir hasta 12 años”, Iván Galindo, regidor presidente de la comisión de Servicios Públicos.