La senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, rechazó que la petición del Senado para realizar una investigación en torno a la entrega de mototractores en Puebla tenga una dedicatoria electoral y aseguró que solo se está demandando que se dé la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En entrevista, la senadora indicó que este tipo de puntos de acuerdo son comunes en el Senado de la República y lo que se busca es que se cumplan con todas las reglas que existen para el adecuado manejo del dinero de los mexicanos.
“De ninguna manera hay una dedicatoria electoral hacia el gobierno del estado o algún funcionario; se pide a las instancias correspondientes llevar a cabo una revisión de la manera en que se entregan los apoyos”.
Cuestionada sobre si confía en la Auditoría Superior del Estado, encabezada por David Villanueva Lomelí, identificado con el ala morenovallista, la senadora Alcalá precisó que el Partido Revolucionario Institucional siempre ha respetado las instituciones y son estas las que  deben responder a la sociedad.
Insistió en que el punto de acuerdo busca que haya transparencia no solo en el tema de los mototractores sino en todos los programas que se manejan tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Recordó que ya está vigente la nueva ley de transparencia, así como la anticorrupción que son parte de las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y esto da certidumbre a los mexicanos.

La petición

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadores del PRI solicitaron al Congreso del estado de Puebla auditar el programa de entrega de mototractores, ante la sospecha de posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.
Además, solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) un reporte en el que se detallen los avances en las acciones administrativas y legales, interpuestas en contra de servidores públicos del gobierno estatal, por  beneficiar a una sola empresa, falsificación de firmas, falta de licitaciones y pagos a sobrecostos.
Puntualizaron que el gobierno de ese estado ha entregado más de 2 mil 500 mototractores a productores, pero de acuerdo a diversas versiones éstos por su capacidad de arrastre y dimensiones no son apropiados para las condiciones de la agricultura local, por lo que ahora se encuentran abandonados, empeñados o se utilizan para otros fines.
A estas irregularidades técnicas, aseguraron, se suman las presupuestarias identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, quien detectó un sobrecosto en la compra de mil 690 motocultores, así como la falsificación  de 168 firmas de beneficiarios, que representa un daño al erario por  más de 107 millones 893 mil pesos.
 Ante estos hechos, la ASF, en coordinación con la Contraloría estatal, iniciaron procedimientos administrativos por daño patrimonial contra 18 funcionarios y exfuncionarios, ya que no se puede ser omisos cuando se trata de recursos públicos.