Habitantes de Chalchihuapan interpondrán una denuncia penal en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Facundo Rosas Rosas; además, preparan la solicitud de juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle.
En rueda de prensa, el abogado de los afectados, Alejandro del Castillo, informó de las acciones que realizarán luego de que se cumpla un año del enfrentamiento entre policías estatales y manifestantes de dicha localidad.
Señaló que la denuncia contra Facundo Rosas será por manejo frívolo del armamento y lo que resulte, la que interpondrá Elia Tamayo, como agraviad, luego de que fuera su hijo quien perdió la vida tras el enfrentamiento.
“Será por el manejo de armas y el homicidio y es que todo se ha enfocado a los policías que dispararon que están libres, pero la responsabilidad política y penal contra el gobierno del estado se diluye”, señaló el litigante.
Del Castillo estuvo acompañado de Araceli Bautista, madre del presidente Jairo Javier Montes, quien se encuentra recluido desde el año pasado en el penal de San Miguel.
“Una persona falleció en un operativo ordenado por el gobierno del estado. Se demostró que hubo un exceso, y todo se demuestra por el lugar donde abaten al niño”, sentenció.
“Si era desalojo de la autopista, ¿qué hacían los policías en el puente siguiendo, o cazando a los manifestantes? los policías es notorio como los persiguen”.
Señaló que la denuncia se interpondrá entre el 9 y 19 de julio, que son las fechas claves del caso Chalchihuapan, debido a que en la primera fue el enfrentamiento y en la segunda cuando murió el niño José Tlehuatle Tamayo.
 
Juicio político

Asimismo, se anunció que se está preparando una solicitud de juicio político en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en el Congreso de la Unión.
“Para el gobernador hay otro argumento”, señaló Alejandro del Castillo, al informar que al cambiar la legislatura federal, también cambia la balanza de las fuerzas políticas.
Por lo tanto, arreglan la demanda de juicio político. “Pensamos que fue sido un error presentar la solicitud de desaparición de poderes, ya que a pesar de la represión y una colisión de tres poderes, si hay gobernabilidad, la que subsiste con todo y la represión”, dijo.
Sin embargo, comentó, hay constantes y sistemáticas violaciones a derechos humanos y abusos de poder.
Indicó que se están recabando las pruebas junto con la demanda. Un juicio político, tendrá que ver con la influencia en la cámara de diputados.
Y recordó que el último caso es pretender que el gobierno del estado esté a cargo de los servicios que por ley en la Constitución Mexicana, le pertenecen a los municipios.
“Están queriendo anular a los municipios. Hay que recordarle (al gobernador) que está en México y nos regimos por un sistema federalizado”, indicó.
Buscarán apoyo de todos los partidos incluso del mismo PAN. “Debe ser bien elaborada, no tiene buenos abogados Moreno Valle, les hemos ganados todos los amparos”.
Señaló que será una situación difícil para la administración estatal, al ir al congreso, por lo que sería difícil que se postergue, “sin embargo, si pasa, tendríamos elementos para un juicio de amparo”, dijo.
Finalmente, indicó que lo presentarán a finales de septiembre, ya que esperan tener apoyo de alguno de los diputados de Puebla, por agredir el federalismo, y tratar de anular de este modo el 115 constitucional.
—¿Porque hasta ahorita?
—Por la correlación de fuerzas. Hay un gran apoyo con Puebla Libre, hay planteamientos muy serios. Tampoco somos suicidas, nada mas echados para adelante.

Los hechos

El 9 de julio de 2014, habitantes de Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla-Atlixco en demanda de que se regresaran las facultades de administrar el Registro Civil.
Para retirar la protesta, la SSPE montó un operativo el que se les salió de las manos y derivó en un enfrentamiento con los pobladores, quienes se defendieron con piedras y palos, mientras que los policías dispararon gases lacrimógenos a quemarropa.
De este enfrentamiento salieron decenas de heridos entre civiles y uniformados, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, producto de un golpe por una lata del gas lacrimógeno.
Lo anterior lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras una investigación que derivó en la recomendación 2VG/2014 al gobierno de Puebla por violaciones graves a los derechos humano.
El menor falleció diez días después, el 19 de julio de 2014 por el severo golpe en la cabeza.