El Juzgado Sexto de Procesos Penales negó la petición de prisión preventiva domiciliaria a Elba Esther Gordillo.
El juez Sexto de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, determinó que no hay pruebas suficientes de que la exlideresa del SNTE no evadirá la acción de la justicia si se le otorga dicho beneficio.
El Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal informó en la causa penal 11/2013, que resolvió negar la solicitud de prisión preventiva domiciliaria solicitada por Gordillo Morales, debido a que las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia.
En su resolución la autoridad jurisdiccional señala que la indiciada es mayor de 70 años, tal como se requiere en el primer párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal, sin embargo la defensa se desistió del incidente respecto a lo relacionado con el estado de salud, aspecto que inicialmente constituía la base de la petición solicitada.
Gordillo enfrenta cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que la tienen presa en la cárcel femenil de Tepepan desde hace dos años y medio.
“¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, preguntó Gordillo el pasado lunes 17 durante videoconferencia que tuvo lugar entre el penal de Tepepan y el Juzgado Sexto, durante la audiencia en la que la PGR se opuso al beneficio que reclama la exprofesora por ser mayor de 70 años y tener problemas de salud.
La apelación
Tras serle negada la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo, sus abogados anunciaron que mañana presentarán un recurso de apelación y el martes interpondrán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones en el proceso legal.
Los defensores criticaron que el juez Alejandro Caballero Vértiz dictara hoy, en día inhábil, la respuesta a la solicitud de prisión domiciliaria y que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitiera un comunicado, lo que a su parecer es ilegal porque se les debió notificar primero a ellos.
