Estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, acusados de ataques a edificios públicos, solicitarán asilo político a Canadá, luego de ser acosados por autoridades estatales.

En rueda de prensa, padres de familia, docentes y abogados, anunciaron la creación del Comité Universitario “Somos Más de Siete” para su protección.

Desde hace unos días los tutores exigieron a la Procuraduría General de Justicia, (PGJ) frenar la presión en su contra, sin embargo no ha cesado, acusaron.

Ahora denunciaron que los jóvenes presentan problemas psicológicos, incluso uno de ellos ya no se inscribió a este curso escolar y el resto no ha iniciado clases normales por temor de ser aprehendidos.

“No vivimos tranquilos, andan merodeando; nos han quitado el sueño”, señalaron, por lo que no descartaron cambiar a sus hijos de escuela y buscar asilo político en la embajada de Canadá.

Miguel Ángel Rosas Burgess informó el Comité que tiene la pretensión de hacer latente la problemática de persecución atípica que viven los universitarios en el estado.

“En Puebla hay muchos presos políticos, en el caso de los muchachos están siendo perseguidos, como si estuvieran en la cárcel. No pueden asistir a clases por el temor de ser aprehendidos”, denunció.

Dijo que algunos de los siete jóvenes no acuden a escuelas ante los casos recientes de persecución y asesinato en los estados de Veracruz y el Distrito Federal.

 “En el país como en el estado no tenemos derecho a  la justicia, vemos por un lado que a un personaje que se fuga del penal se le otorga suspensión provisional, y a los jóvenes le niegan su amparo y el acceso a la averiguación previa”, dijo el académico.

Solicitó a la justicia federal un amparo que obligue al juez a otorgar una copia fotostática que les han negado, sin fundamento.

“Eso es una crueldad, un maquiavelismo con lo que están manejando las leyes estas personas. Vamos a interponer una querella contra el juez Tercero de lo Penal de Distrito por utilizar la ley de manera perniciosa y sin sustento”.
 
El acoso de junio 

La madrugada del 5 de junio, siete estudiantes universitarios fueron sacados de sus casas por elementos de la PGJ de Puebla, acusados de ser los causantes de atentados a edificios públicos, el 27 de marzo y 1 de junio.
Aunque estuvieron detenidos por varias horas, gracias a la presión social, incluida la misma Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fueron liberados, aunque el proceso sigue.

La madrugada del lunes 1 de junio, fueron atacados con bombas molotov los edificios del INE, Secretaría de Economía y un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), causando daños menores.

El 27 de marzo anterior, el grupo anarquista y radical “Reacción Salvaje” habría cometido en Puebla un atentado contra las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del INE, como parte de una campaña de "boicot" contra las elecciones.

Las detenciones provocaron una fuerte movilización universitaria durante este viernes 5 de junio, la que llegó incluso a tomar las oficinas de rectoría en Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en exigencia de su libertad.

Ante la presión, finalmente alrededor de las dos de la mañana del sábado 6 de junio, un día antes de las elecciones federales, fueron liberados los siete estudiantes, aunque con la amenaza de que serían vigilados.
 
Las acusaciones y los ataques

Ahora, Carlos Arafat Rosas Burguess, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Erick López Cruz, Ana Rosa Zilli Colorado, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Dulce Carolina Parra Escalona, viven en total incertidumbre.

Tres de los siete detenidos, Axel, Sharif y Dulce, firmaron como testigos a quienes les armaron sus declaraciones como “comparecencia voluntaria”, mientras que el resto es por orden de presentación con citatorio.

Sin embargo, un comunicado de la PGJ emitido el 6 de junio, señalan a los siete como indiciados.

La única prueba en su contra es una carta que obra en el expediente hecha a máquina en hoja simple, donde supuestamente un muchacho los escucha hablar de las detonaciones que habían realizado.

Por la noche del viernes 5 de junio, en otro comunicado la Procuraduría señaló que siguiendo “datos de inteligencia” se ordenó la detención de los estudiantes de la UAP.
 
Un caso de siete

A las 4.30 de la mañana un fuerte ruido en la puerta despertó a Arafat, que lo hizo pararse de un brinco y en menos de dos pasos llegar al marco de la entrada de su recámara.

Inmediatamente al abrir, el cañón de un rifle de asalto es colocado en su rostro con el grito de “Policía Ministerial”, al tiempo que otros encapuchados corrían al cuarto contiguo donde dormía su papá, Miguel Ángel Rosas, quien además es catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Carlos Arafat Rosas, fue uno de los siete estudiantes de dicha universidad detenidos durante la madrugada de este viernes 5 de junio. El suplicio para todos duró cerca de 24 horas.

Fueron más de 20 policías ministeriales, que irrumpieron en la casa de la 21 Poniente 1914 en la colonia Santiago, en al menos cinco patrullas, tres automóviles y dos camionetas, para sacar al joven estudiante de Sociología.

“Llegaron de manera violenta tronando chapas, estaba durmiendo, me encañonan, someten a mi papá que es diabético y tiene una hernia en el estómago”, dijo en entrevista Arafat.

“No se presentan en ningún momento, sin ninguna orden de aprehensión”, refirió al señalar las armas largas y cortas.

“Cuando abrí mi cuarto me encañonaron con una metralletota”, dijo al referir que posteriormente revisaron cada rincón de su casa en busca de mecheros, gasolina, armas, gas, estopa. “No teníamos absolutamente nada”.

“Se llevan mantas volantes, estuvieron aproximadamente dos horas, mientras me tenían frente a ellos grabando todo el tiempo, agarraron todos los celulares y cámaras, además de que se llevaron mi camioneta”, indicó.

Refirió que ahora su vivienda tiene sellos, por lo que no puede entrar “de hecho no tengo nada de ropa, ni calcetines tengo”.

Señaló que no fue esposado porque estuvo accesible. “Yo no había hecho nada, por lo que no tenía nada que temer, me llevan a la Procuraduría”.

“Cuando llegamos a la Procuraduría, al mismo tiempo llegan dos compañeros sometidos de Sociología, Erick López y Juan Carlos Tepoxtle, los tienen golpeados, ensangrentados, esposados, nos toman fotos”.

Ya en los cuartos de las instalaciones, fueron separados, hasta que llegaron los demás detenidos, estudiantes de la facultad de Medicina, “fueron  tres cateos al mismo tiempo de manera sincronizada”.

Señaló que no hubo amenazas ni mayores problemas con los policías. “Después de media hora de estar revisando me presentaron un orden la cual tenía siete puntos de búsqueda”, dijo.