Utilizar áreas naturales protegidas para desarrollo de infraestructura y de tipo inmobiliario, amerita la pena de cárcel, aseguró la regidora María Esther Gámez Rodríguez.
Lo anterior, luego que vecinos de La Calera, denunciaran públicamente que una empresa constructora, desarrolla un bulevar en el área natural protegida de esa colonia, que afecta una parte importante de ese pulmón verde de la capital poblana.
Puede ser que haya sanciones de prisión, dijo la abogada universitaria, pero además, reconoció que no se sabe hasta dónde pueda llegar la pena para quienes invadan esos espacios naturales, “no sé hasta dónde, a lo mejor es una conmutativa, pero lo cierto es que hay que hacer respetar la ley”.
Los vecinos de La Calera, Lomas de Villa Satélite La Calera, Lomas de San Alfonso, Villas Satélite La Calera, El Mirador, Rincones de La Calera y Lomas del Mármol, exigen que la autoridad clausure de inmediato el bulevar que se realiza en esa zona, por parte de la empresa Alteq.
Ante eso, la regidora del PRI, dijo que lo primero que tiene que suceder, es que los vecinos afectados, presenten una denuncia, en dos sentidos, una fase administrativa y otra de tipo penal.
Desde el ayuntamiento de Puebla, reveló, tiene que intervenir de inmediato, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la comisión correspondiente, cuya presidenta es Miriam Arabián Couttolenc, para que tomen cartas en el asunto y puedan frenar las acciones que demandan los vecinos.
Aclaró que el cabildo puede proceder a solicitud de la comisión de Desarrollo Urbano, para instruir al síndico, que es el abogado del ayuntamiento, para que realice las acciones jurídicas correspondientes.
Gámez Rodríguez, aclaró que el cabildo no puede actuar como órgano colegiado, más bien, dijo que instruye a la dependencia indicada, que en este caso, sería el Síndico, que proceda a coadyuvar para evitar que la empresa y los inversionistas, sigan con la obra.
Cabe recordar que los vecinos de La Calera, consideraron que la obra del bulevar, que ya está avanzada y es un total ecocidio, por lo que exigen que las autoridades municipales, estatales y federales, intervengan de inmediato, para clausurar la obra, que ya causó daño a unos 500 árboles, en las últimas tres semanas.
No hay otro caso similar en el municipio de Puebla
La regidora del PRI, reconoció que hasta el momento, durante la presente administración municipal, no tiene conocimiento de otro caso parecido, sin embargo, dijo que “sería en único caso que conocemos, porque tú sabes que no se conocen las cosas en su totalidad.”.
Lo que tiene claro, aseguró, es que la comuna debe tomar cartas en el asunto y el mensaje es que las empresas y los particulares no pueden ir en contra de la norma, por eso vivimos en un estado de derecho, “algo que yo siempre defiendo”.
Gámez Rodríguez, recordó que el ayuntamiento capitalino debe rastrear los acontecimientos, para conocer en qué punto está atorado el problema, empero, dijo que los vecinos son quienes tienen que interponer la queja correspondiente, para actuar en consecuencia.
Colonos afectados deben demandar
Reiteró que el caso que denuncian los vecinos de La Calera, tiene que pasar primero por una fase administrativa, es decir, la denuncia de los colonos al municipio, a través de la Secretaría General, para que esta involucre a la Sindicatura, esa es la parte administrativa.
Por otro lado, dijo que pueden proceder de manera penal, “esta opción es de tipo penal, porque si se va en contra del ambiente, entonces tiene que ser una denuncia penal, esos son los dos caminos que pueden recorrer”.
Por eso, aclaró que son los colonos afectados, los que tienen que presentar ante el ayuntamiento y ante la Procuraduría, las demandas correspondientes, “deben hacerlo ellos, porque son los que están afectados, para que el ayuntamiento actúe en contra de la empresa”.
Reiteró que jurídicamente y legalmente también deben demandar los colonos, empero, dijo que sobre el tipo de sanciones que deben aplicarse, hay que revisar perfectamente la ley, pero dijo que queda claro que hay procedimientos penales, porque se trata de áreas naturales protegidas, “entonces sí hay procedimientos de tipo penal”.
