Medios de comunicación, el arzobispo de Puebla y organizaciones como Odesyr, presentan datos que “polarizan” a la sociedad, sugiere el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla quien cuestiona que medios de comunicación y organizaciones den a conocer cifras de feminicidos.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, realiza una investigación “objetiva”, señaló para determinar si procede o no emitir la alerta de género en Puebla.
En reunión con organizaciones no gubernamentales, el ombudsman firmó un convenio de colaboración con la Red de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas AC de Rosa del Carmen Robles Casco; Impulsora del Desarrollo de Comunidades Vulnerables AC a cargo de Mirna Sofía Martínez Romero; Caremmka AC de María Soledad Amieva Zamora; Red de Mujeres Unidas en Chachapa, Remache AC, de, Graciela Sánchez Sánchez.
El ombudsman señaló que realiza una investigación apegada a derecho para fundar si fuera el caso la petición para que el gobierno federal le pida al gobierno de Puebla que se emita una alerta de género.
El mensaje de López Badillo fue “no polarizar la petición de alerta de género para Puebla” ya que la CDH realiza una investigación seria.
“Con las declaraciones de algunos grupos pareciera que vivimos en una ciudad donde se violan constantemente los derechos humanos de los personas y eso no es lo que estamos viviendo”, dijo López Badillo.
“No puede ser una solicitud de botepronto sino una investigación jurídica en el marco de la ley y se dará a conocer públicamente una vez que la hayamos terminado”.
El ombudsman explicó que el Congreso del Estado de Puebla no es la instancia para solicitar una alerta de género por lo que se desechó la petición de una de las legisladoras para que el Congreso interviniera. La instancia reconocida por la ley es la Comisión Estatal entre otras pero no los legisladores.
De acuerdo a denuncias de ONG como el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), en Puebla se han cometido 164 feminicidios en el sexenio de Rafael Moreno Valle. La investigadora de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Lourdes Pérez Oseguera, especialista en temas de violencia de género ha contado hasta 240 casos de feminicidios desde 2010 a la fecha.
Para López Badillo se debe “fundamentar” si estas cifras son válidas ya que provienen de los medios de comunicación y si éstos son la fuente adecuada para las afirmaciones de las organizaciones.
“El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
De acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres de una vida libre y sin violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando: “I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”
La alerta será emitida por la Secretaría de Gobernación y la notificará al poder ejecutivo de la entidad federativa.
El asesinato de la joven de 19 años, Paulina Camargo Limón, ha desatado un intenso debate sobre la urgencia de implementar acciones y mecanismos de protección a las mujeres en Puebla.
Camargo Limón llevaba 18 semanas de embarazo y se presume que fue asesinada por su novio, José María Sosa Álvarez, por negarse a abortar.
La legisladora Geraldine González Cervantes propuso pedirle a la Secretaría de Gobernación federal que emita para el estado de Puebla la declaratoria de alerta de violencia de género, tras los asesinatos de mujeres en Puebla.
La diputada pidió que su propuesta se apruebe con dispensa de trámite pero siete de los nueve integrantes de la Comisión la votaron para que fuera revisada en las comisiones de Derechos Humanos, de Equidad de Género y de Procuración y Administración de Justicia.