El organismo civil Nodo de Transparencia, desnudó al gobierno de Rafael Moreno Valle, al no cumplir sus promesas sobre la entrega de cuentas y e incumplimiento de promesas durante la campaña en 2010 y la estrategia de opacidad en cinco años.
Obras, proyectos, uso y destino de los recursos públicos, son lo que el morenovallismo se ha negado a transparentar.
Así fue publicado el informe ciudadano “Política de Transparencia y Cumplimiento del Derecho de Acceso a Información Pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas”.
En el mismo expediente se detalla como en la administración de Rafael Moreno Valle, la transparencia no se ha cumplido en los cinco años de la administración.
El Nodo de Transparencia, integrado por especialistas en transparencia, hizo una comparación de lo prometido por Moreno Valle en su campaña y lo que se ha hecho durante el sexenio.
Resaltaron que aunque se ha tenido un avance es en lo relacionado con la Ley de Transparencia del estado, las reformas no cumplieron con lo requerido.
Incluso señalan que los diputados de la LVIII Legislatura se negaron a hacer ajustes para mejorar la Ley como el requisito de ratificar los recursos de revisión, única en el país.
La ratificación ha ocasionado muchas inconformidades de los ciudadanos no sean analizadas en el órgano garante, al dejarse sin estudiar a fondo los casos por este trámite o traba burocrática.
El documento, cuya versión preliminar se presentó en noviembre pasado en el marco del Foro Ciudadano sobre la Gestión de Rafael Moreno Valle, realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue realizado por Lilia Vélez Iglesias, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla e integrante del equipo del Portal de Transparencia Con los Ojos Abiertos.
La promesa
El estudio detalla que respecto a la Métrica de la Transparencia realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), durante el gobierno de Mario Marín Torres, Puebla se ubicaba más o menos a la mitad del ranking, tanto en la calidad de su legislación sobre transparencia y acceso a información pública, como en el cumplimiento y la política puesta en marcha por las autoridades para transparentar su gestión.
Por lo tanto, resalta el estudio, el tema de la transparencia fue uno de los que más utilizó el entonces candidato, Rafael Moreno Valle Rosas, para criticar al gobierno de su antecesor.
“(…) Hizo un compromiso de impulsar un gobierno transparente y de que respetaría, dijo en múltiples ocasiones, el derecho de las personas a conocer datos sobre obras, proyectos, decisiones y políticas públicas”, explica el documento.
“(…) Sin duda una de las áreas en donde más ha quedado a deber el actual gobernador, pues no solo incumplió sus principales promesas de campaña, sino que su gobierno ha impulsado una política para obstaculizar sistemáticamente el derecho a saber de los ciudadanos”!,
Afirma que la opacidad llega a través de estrategias diversas, con la finalidad de mantener en total opacidad su actuación, particularmente en los datos sobre obras, proyectos y uso y destino de los recursos públicos.
Propuestas al aire
Señaló el Nodo de la Transparencia las promesas hechas en la plataforma de la candidatura de Moreno Valle, que finalmente no se cumplieron.
Anunciaron en 2010 que promoverán reformas a Ley de Transparencia, para, obligar al Gobierno a informar públicamente sobre los aspectos principales de su desempeño y proporcionar información a quien la solicita.
“(…) de forma tal que permita ser analizada y procesada en forma sencilla, establecer el carácter público de los archivos históricos así como a informar del estado en que se encuentran todos los títulos y bonos de deuda emitidos para los mercados de capitales nacionales e internacionales, a fin de conocer los montos totales y desagregados por institución y plazos”.
Además se propuso transparentar los procesos de adquisiciones y de obra pública del Gobierno del Estado.
“Las declaraciones de bienes de las y los servidores públicos serán dadas a conocer y su revisión estará a cargo de los órganos fiscalizadores”.
“Se impondrán sanciones administrativas más severas para los servidores públicos que incumplan con la obligación de entregar la declaración de situación patrimonial de conclusión y establecer la inhabilitación del cargo hasta que sean entregadas”.
Además piden sistematizar la información relacionada con la declaración patrimonial de los servidores públicos para facilitar su manejo y análisis, así como comprobar su veracidad, sancionando cualquier anomalía.
“Todas las instancias, gubernamentales o no, que sean financiadas con dinero público, tendrán que informar, de manera directa cómo manejan sus recursos”.
Las y los legisladores tendrán la facultad de obtener información veraz de cualquier dependencia pública; toda persona requerida estará obligada a comparecer ante las comisiones legislativas bajo protesta de decir verdad, se solicita.
“El Gobierno estatal informará del estado que se encuentran todos los títulos y bonos emitidos para los mercados de capitales nacionales e internacionales a fin de conocer los montos totales y desagregados por institución y plazos”.
Y finalmente que la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), garante de la transparencia en Puebla, sea constitucionalmente autónoma.
La piedra
Se recordó en el documento que diversas organizaciones empresariales, civiles y universitarias, señalaron que la ratificación del recurso de revisión ha provocado opacidad.
“Un porcentaje cada vez mayor de los recursos se tengan por no interpuestos debido a que el quejoso no acudió a ratificarlos”.
Detalla el estudio que el número de recursos de revisión que no se han analizado al tenerse por no interpuestos debido a la falta de ratificación ha ido en aumento y en 2015 representa 40% del total.
En septiembre de 2012, el entonces comisionado de CAIP, Samuel Rangel Rodríguez, exhortó al Congreso del Estado a derogar el párrafo segundo del artículo 77 de la l.
“Pese a la insistencia, el Congreso local en el que el PAN y sus aliados han tenido mayoría en las dos últimas legislaturas, no ha eliminado la ratificación del recurso, lo que pone en evidencia que no hay voluntad política en la actual administración para que se garantice cabalmente el derecho de las personas a acceder a información sobre lo público” resaltó el documento.
Estrategia
Se señala que las estrategias de opacidad gubernamentales que han sido claramente identificadas por las diversas organizaciones, así como por periodistas usuarios de la ley y por el observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana Puebla
Una de ellas es emitir acuerdos de reserva generales, documentos en los que los titulares de los sujetos obligados deben fundar y motivar, es decir, expresar las razones lógicas y los argumentos jurídicos por los que clasifican determinada información pública como reservada.
Detallan que el Nodo de Transparencia realizó entre 2012 y 2015 un ejercicio para conocer qué información han clasificado como reservada.
El último monitoreo permitió a la organización documentar que en menos de un año, entre el 3 de marzo de 2014 y el 24 de febrero de 2015, el número de acuerdos de reserva del gobierno del estado aumentó de 56 a 98.
Otra estrategia de opacidad es la de cambiar la modalidad de entrega, mecanismo que los sujetos obligados del gobierno estatal ha utilizado sistemáticamente para inhibir el acceso a datos públicos.
De este modo cambian la modalidad de entrega de la información al pasarla de medios electrónicos (Internet) a consulta directa.
“La estrategia del gobierno de Moreno Valle, claramente identificada por periodistas y organizaciones civiles, es responder que la información puede ser consultada en las oficinas”
“Evidentemente obstaculiza el acceso pues implica que los solicitantes deben desplazarse en horarios laborales y previa cita hasta las oficinas gubernamentales, en las que muchas veces los hacen acudir varias veces antes de ponerles a disposición la información. El argumento que dan para modificar la forma de entrega es que la información no está digitalizada”.
| Año | Total de recursos interpuestos | Recursos resueltos en el momento del informe | Recursos tenidos por no presentados | Porcentaje del total |
| 2012 | 209 | 155 | 28 | 18% |
| 2013 | 332 | 270 | 51 | 18% |
| 2014 | 352 | 305 | 75 | 25% |
| 2015 (hasta octubre) | 200 | 290 | 80 | 40% |
Fuente: elaboración propia a partir de los Informes estadísticos de la CAIP sobre recursos de revisión 2012, 2013, 2014 y 2015 (octubre).
| Año | % del total de recursos interpuestos por cambio de modalidad |
| 2010 | 7.4% |
| 2011 | 3.4% |
| 2012 | 13.9% |
| 2013 | 11.2% |
| 2014 | 14.0% |
Las frases:
- “El estudio que el número de recursos de revisión que no se han analizado al tenerse por no interpuestos debido a la falta de ratificación ha ido en aumento y en 2015 representa 40% del total”.
- “Las estrategias de opacidad gubernamentales que han sido claramente identificadas por las diversas organizaciones, así como por periodistas usuarios de la ley y por el observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana Puebla”.
