La Asamblea Nacional Popular china ha aprobado este jueves una controvertida ley que regulará el trabajo de las ONG, asociaciones empresariales e instituciones académicas extranjeras que operan en el país, según ha informado la agencia oficial de noticias Xinhua. Aunque aún no han trascendido oficialmente los detalles específicos sobre esta nueva legislación, las organizaciones afectadas consideran que este paso del legislativo amenaza su propia supervivencia.

Según la información de Xinhua, basada en un borrador del texto y que también reproducen otros medios chinos, la nueva normativa promueve un aumento del control de Pekín sobre las actividades de estas ONG y otorga un mayor poder a la policía china, que deberá dar el visto bueno, caso por caso, al trabajo de estas organizaciones. Desde que entre en vigor la ley, las autoridades policiales del gigante asiático tendrán la potestad de cancelar cualquier actividad de que consideren una amenaza para la seguridad nacional y podrán llamar a consultas a los representantes de estos entes.

Además, la policía podrá incluir cualquiera de estas organizaciones que consideren que promueven una "subversión del poder del Estado" o el "separatismo" a una lista de instituciones no bienvenidas en China que podría impedir su entrada futura en el país. Estos entes extranjeros tampoco podrán contratar socios en China, pero se desconoce si la nueva ley también les inhabilitará a contratar personal local.

La UE, EE UU y Canadá habían exhortado a Pekín a revisar la ley, que en versiones anteriores de su redacción planeaba otorgar a la policía del país un amplio margen a la hora de regular las actividades y la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro radicadas en el exterior. Los críticos occidentales con este intento de redoblar el control oficial sobre las ONG argumentaban que el texto legal era demasiado vago y que podría limitar las operaciones de los grupos que luchan por la mejora de las condiciones medioambientales o sociales.