En la impunidad se encuentra un robo de más de medio millón de pesos a un establecimiento o tiendita al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Así lo acusaron familiares y el abogado defensor del reo Hugo Pérez Balderas, quienes afirman han sido víctimas de hostigamiento y presión por parte de las autoridades penitenciaras e internos.

En rueda de prensa, el litigante Julio Cesar Aguilar, informó que desmantelaron la tienda que abrió su representado al interior del penal de la capital de Puebla.

En dicho establecimiento, tenía mercancía por valor de 500 mil pesos,  entre diversa mercancía la cual ya le están cobrando empresas como Sabritas o Coca Cola.

Hugo Pérez Balderas, se encuentra recluido desde hace siete años por el delito de robo calificado, y está a punto de concluir su sentencia, por lo que saldrá en libertad en próximos días.

Explicó que el robo de su negocio al interior del penal, se registró cuando fue trasladado al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, donde estuvo siete meses.

El argumento para el traslado fue que era una persona peligrosa, aunque no había tenido problemas, afirmó. Fue gracias a un amparo otorgado por el juez federal que pudo regresar a Puebla, pero se encontró con el robo.

Señaló que obtuvo la oportunidad de tener un trabajo lícito en la cárcel, al autorizarles la instalación de una tienda de abarrotes.

Pasó varios años atendiendo la miscelánea, sin embargo, en diciembre pasado, las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo al penal de mediana seguridad.

El Poder Judicial federal su protección, consideró una serie de violaciones a sus garantías individuales, lo cual se vio traducido en otorgarle el amparo 1919/2015.

Ahora, las empresas que le surtían los productos pretenden cobrarle 500 mil pesos, sin que conozca quién o quiénes fueron las personas que realizaron el pillaje.

Aseguró su abogado, Hugo es objeto de hostigamiento, amenazas y presión para evitar que denuncie el robo de la mercancía de abarrotes.

Por estos hechos, el abogado acudió a la agencia del Ministerio Público especializada en delitos contra servidores públicos, para presentar la denuncia que quedó radicada en la averiguación previa 127/2016.

También se presentó denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal, al considerar que existe un contubernio por parte de las autoridades penitenciarias, quienes fraguaron el trasladado de su cliente al Penal de Tepexi, para quitarle el negocio.