El presidente Enrique Peña Nieto vetó el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, al verse presionado por la crítica social, consideró Octavio Corvera Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Puebla (Canacope).

En entrevista, Corvera Álvarez refirió que la “reevaluación” de la ley permitirá replantear la propuesta inicial de la ciudadanía, en donde se obliga a los políticos a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, plantea directrices y un marco legal de responsabilidades para la conducta ética esperada de los servidores públicos. 

“Vamos a esperar ahora de qué manera se da esta acción del gobierno al vetar la Ley y cuál será la acción de los diputados y senadores ante la propuesta inicial”, comentó.

El presidente de la Canacope dijo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomó la decisión de vetar la Ley al sentirse presionado luego de la manifestación de los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Ángel de la Independencia el pasado jueves 16 de junio.

Sumado a ello, el problema que se está viviendo en el estado de Oaxaca, en donde el “choque” entre maestros y policías, desatado por la reforma educativa, ha dejado varios muertos, cientos de heridos y líderes sindicales detenidos. 

Asimismo, recordó que debido al problema magisterial en aquel estado, varios negocios están conociendo la ruina por lo que el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, ha urgido la intervención del gobierno para que se restablezcan los comercios. 

Ante los problemas que a traviesa el país, consideró que es muy importante que los funcionarios públicos declaren su patrimonio, “lo que se pretende con esta ley es que los funcionarios públicos que van a llegar a un cargo público hagan su declaración porque resulta que empiezan con una casa y terminan con cinco”.

Ejemplificó la “Casa Blanca” de Peña Nieto al referirse que no hay un control en el cual los servidores públicos y el sector privado, puedan verse obligados a trabajar de manera transparente.

“Si bien es cierto que hay licitaciones y leyes de obra pública, pero la verdad sabemos que la realidad es otra, se le da la obra a quienes son amigos”, dijo. 

La llamada Ley 3 de 3 pretende que haya una mayor competitividad y transparencia, además de que esta será una de las dos nuevas reglamentaciones que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Propuesta inicial de la Ley 3 de 3

  • 1.    La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
  • 2.    Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
  • 3.    Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
  • 4.    Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
  • 5.    Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
  • 6.    Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
  • 7.    Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. 
  • 8.    Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
  • 9.    Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
  • 10.    Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción.