Diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldados por su dirigencia en el estado, pidieron una investigación a fondo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se esclarezcan los hechos del pasado viernes, cuando policías municipales dispararon sus armas de fuego en contra de vendedores informales.
En rueda de prensa, donde estuvo Xitlalic Ceja García, acompañada de sus compañeros Alejandro Armenta Mier, Víctor Giorgana Jiménez, y la secretaria general del PRI, Rocío García Olmedo, exigieron al Ayuntamiento de Puebla la suspensión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal e iniciar una investigación a fondo para sancionar a los involucrados en el operativo violento para decomisar mercancía pirata.
Xitlalic Ceja, actual secretaria de la mesa directiva en el Congreso de la Unión, criticó la acción de la policía y el uso indebido de la fuerza pública en contra de comerciantes ambulantes.
Aclaró que ellos no están de acuerdo en la comercialización de mercancía ilegal, pero cuando se habla de que fueron decomisadas tres toneladas de productos, resulta sospechoso que esta no haya sido detectada en los arcos de seguridad.
Recordó que, durante el proceso electoral, fueron detenidos dos camiones con la propaganda del PRI bajo la sospecha de que se transportaba mercancía de procedencia ilegal.
Señaló que el abuso cometido por los policías municipales puso en riesgo la vida de los ciudadanos que realizaban sus compras y los turistas que se encontraban en el centro histórico al momento del operativo, implementado en la zona de la 8 Poniente.
Mientras, Alejandro Armenta Mier acusó que "la ineptitud y nula aplicación de protocolos" por parte de los mandos policiacos municipales fue el factor detonante para generar un mayor peligro para los ciudadanos.
Armenta Mier dijo que nuevamente se vio el autoritarismo por parte del gobierno estatal y municipal en contra de la población, ya que a ellos no les importaron los ciudadanos que en un día viernes acudían a medio día a realizar sus compras en el Centro Histórico.
Comentó el hecho de que un comerciante haya sido embestido por un vehículo de la policía, imágenes que son comunes en Israel o en lugares donde hay regímenes autoritarios, y es lamentable que se vaya por esa vía en Puebla.
Preocupación por el autoritarismo
En tanto, Rocio García Olmedo, secretaría general del Comité Directivo Estatal del PRI, manifestó su preocupación por "el autoritarismo" con el que está actuando la autoridad gubernamental y la violación recurrente de los derechos humanos en Puebla al "priorizar la fuerza sobre el diálogo".
Al indicarle si debe derogarse la llamada Ley Bala, aseguró que la ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, mejor conocida como “Ley Bala”, nunca establece el uso de las armas de fuego en contra de los manifestantes.
Indicó que el documento aprobado en mayo de 2014 señala que las armas de fuego solo pueden utilizarse en situaciones de combate a la delincuencia y en un peligro mayor.
Subrayó que en el PRI no justifican la proliferación de la informalidad pero afirmó que es necesario abrir opciones reales de empleo para abatir el problema del comercio ambulante en Puebla.
Criticó la fuerte inversión realizada en la colocación de Arcos de Seguridad en las carreteras de acceso al estado y su nula efectividad para detectar el ingreso de mercancía ilegal, no así como ocurrió con el aseguramiento arbitrario de propaganda legal del PRI en la pasada campaña electoral.
Insisten en una investigación
Por su parte, el diputado federal Víctor Giorgana Jiménez, informó que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue la violencia generada en el primer cuadro de la ciudad capital para garantizar que los resultados sean imparciales, al asegurar que no confían en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Manifestó que se ha demostrado cómo se hacen las investigaciones de modo que hasta el momento no se han cumplido con las recomendaciones por el caso Chalchihuapan de hace dos años, además de que los responsables de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo saldrán libres.
