Tras el fallido desalojo de vendedores ambulantes el pasado viernes, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale López, demandó que se realicen investigaciones para sancionar desde los mandos superiores hasta lo inferiores, además de los policías que dispararon en contra de los comerciantes.

Luego de que el viernes elementos de comercio exterior del gobierno del estado realizaron un operativo en la calle 8 Poniente, de 7 Norte a la calle 5 de Mayo para decomisar presuntamente mercancía de procedencia ilegal, el legislador reiteró que tiene que conocerse la verdad.

Indicó que, de acuerdo a las imágenes que se han difundido, los elementos de la policía municipal no cumplieron con los protocolos para evitar poner en peligro a la población y en ese sentido hay que investigar a quienes coordinaron el operativo.

Dijo que es lamentable que haya personas heridas por disparos de arma de fuego y otras golpeadas, cuando en este tipo de acciones tiene que verse que no haya lesiones físicas.

Expresó que la demanda es que se investigue para sancionar a los responsables de coordinar el operativo, y va desde los mandos superiores, inferiores, elementos que dispararon en contra de los comerciantes o quien atropelló a un comerciante.

De los arcos de seguridad, comentó que al parecer estos se encuentran destinados para ubicar droga o armamento, y se desconoce si cuentan con la capacidad para ubicar la mercancía pirata.

Juan Carlos Natale expuso que nuevamente se pone en la mesa de la discusión el caso de los protocolos y el caso de la llamada Ley Bala para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos donde se puso en riesgo a la población.

El legislador señaló que el presidente municipal, Luis Bank Serrato, tiene que dar una explicación pública a todos para saber si se tienen o  no protocolos para este tipo de operativos donde interviene la policía municipal.

Reiteró que hay una demanda por conocer los motivos por los que accionaron las armas de fuego, y sobre todo, si se trató o no de un acto legal, a fin de aplicar las sanciones correspondientes.

Juan Carlos Natale cuestionó que el operativo se haya hecho en viernes, a mediodía, en vacaciones de verano, cuando lo que debe prevalecer es la conciliación política, es lo más conveniente, y la decisión tomada el viernes deja cosas muy negativas para la imagen de la ciudad y del estado.

Ambiguos los protocolos

Tras la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales, en mayo de 2014, representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos demandaron la subrogación de la ley donde, por su ambigüedad, las fuerzas policiales podían utilizar las armas de fuego en contra de manifestantes.

En conferencia de prensa realizada en el zócalo de la capital, Misraín Hernández Fernández, al leer un comunicado, respaldado por 84 organizaciones civiles, advirtió que los legisladores mentían al señalar que con las modificaciones realizadas a la llamada “Ley Bala” se están respetando los derechos humanos, e indicó que el documento sí autoriza que se utilicen las armas de fuego en contra de manifestantes, aun con los cambios hechos de manera irregular.

Expresó que la ley en cuestión deja a la interpretación y a criterio discrecional de las autoridades el uso de las armas y puso como ejemplo el artículo 22, fracción V.
 
“Artículo 23.- Se considerarán armas no letales:

”V.- Las demás que autorice el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Expresó que este documento señala que las autoridades pueden interpretar qué armas podrá utilizar la policía y decir simplemente que no son letales, como las balas de goma que han causado la muerte de personas.

Asimismo, no se respetan principios constitucionales, ya que puede haber detenciones arbitrarias cuando la detención solo puede realizarse por medio de un juez y en caso de flagrancia:

“Artículo 30.- En la detención de cualquier persona deberá cumplirse con los requisitos y formalidades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las prerrogativas que sobre derechos humanos contienen los instrumentos de derecho internacional obligatorios dentro del territorio nacional”.

Dijo que puede darse la interpretación de los policías asegurando que se cumplen los protocolos, pero sin mencionar cuáles son realmente.