El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, entregó al Congreso del Estado un paquete de iniciativas tendientes a cumplir con las recomendaciones para erradicar la violencia de género.

Previo al inicio de la sesión el funcionario se reunió con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del poder legislativo, Jorge Aguilar Chedraui, a quien entregó los documentos enviados por el gobernador.

Dijo que cumpliendo con las once recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), respecto a la alerta de género, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, envío un paquete de iniciativas para reformar los Códigos Civil, Penal, de Procedimientos Penales y la Ley Centro Estatal de Mediación del estado, se destaca que la violencia intrafamiliar será un delito perseguido de oficio.

Carrasco Altamirano ejemplificó que el Código Penal será reformado en el artículo 284 Bis que se refiere a la violencia familiar, imponiendo penas de dos a ocho años de prisión y multas de 50 a 150 días de salario a quien cometa este delito, además de que en el artículo 284 especifica que se perseguirá de oficio.

Señaló que actualmente se cuenta con una Fiscalía Especial para Mujeres y una comandancia que atiende las denuncias de las féminas, pero dijo que además cuando ellas se sientan amenazadas podrán solicitar la protección del estado.

Asimismo en el artículo 291 del Código Penal también especifica que todas las autoridades competentes deben brindar protección a las víctimas. El artículo 497 también será reformado para que se reconozcan los gastos por embarazo y parto como parte de los requerimientos que tiene una mujer en caso de divorcio. En el artículo 915 también se exige que el acta de defunción de una mujer violentada debe ser especificada en este sentido.

La discusión de la serie de reformas a los códigos y leyes se llevarían a cabo en un periodo extraordinario de sesiones, toda vez que se cuenta con menos de seis meses para que se cumpla con las recomendaciones realizadas por la Conavim, luego de que la organización “Todos por Todos” solicitó la alerta de género.

Otro artículo que será modificado es el 463 del Código Civil con ello se eliminará la condición de ser mayor de edad para tramitar el divorcio y de tener al menos un año de casados.

El secretario de gobierno resalto que el Poder Ejecutivo cumple con estas recomendaciones y son prioridad atenderlas; no obstante, se integra un banco de información, para lo que se han destinado recursos federales y con ello saber específicamente el número de mujeres violentadas para su pronta atención, el cual está a cargo de la Subsecretaria de Prevención y Derechos Humanos.

Las recomendaciones

El documento enviado hace un mes señala que deberá elaborarse un Diagnóstico Estatal sobre los tipos y modalidades de violencia contra as mujeres, que busque identificar las problemáticas particulares de cada región, con el objetivo de implementar las acciones de prevención en la demarcación territorial.

Cuatro leyes deberán modificarse, ya que bajo su texto actual provocan sesgos de discriminación por lo que no se protegen los derechos de las mujeres.

Asimismo, deberá elaborarse y publicarse el Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla.

El Gobierno del Estado de Puebla deberá implementar una estrategia de vinculación con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres y en el caso de instituciones que pertenecen al sistema educativo estatal de nivel medio superior y superior, deberán implementarse acciones para la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres.

Respecto a la investigación de los delitos, las recomendaciones son las siguientes:

  • a).- Modificar el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicio, conforme a los más altos estándares en la materia y a las necesidades del sistema penal acusatorio-adversarial.
  • b).- Elaborar un protocolo de investigación del delito de trata de personas y sus modalidades de explotación establecidas en la Ley General, conforme a los más altos estándares en a materia y a las necesidades del sistema penal acusatorio-adversarial.