La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que se doblará ante el gobierno de Rafael Moreno Valle, al aceptar que 10 de los 11 puntos de la recomendación que le emitió por el caso Chalchihuapan están cumplidos.
Por medio de un comunicado emitido a Intolerancia Diario, el organismo señaló que un punto está cumplido a medias, pero se tendrá que dar información del estatus de los procesos de los pobladores detenidos para avalar la administración morenovallista.
Asimismo, confirmó que este 30 de noviembre analizará la respuesta del gobierno estatal a solicitud de Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, fallecido tras la violación grave de los derechos humanos que padecieron los pobladores de la zona.
La recomendación
El 9 de julio de 2014 en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, habitantes del lugar y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) protagonizaron un enfrentamiento para desalojar la autopista Puebla-Atlixco, que se mantenía cerrada.
La pérdida de la vida del niño de 13 años de edad y varias personas lesionadas fue el resultado del enfrentamiento.
Tras un mes de investigaciones, la CNDH emitió la recomendación 2VG/2014, en la que comprobó la violación grave de derechos humanos, por lo que emitió 11 puntos a cumplirse.
Ahora, a dos años con cuatro meses de distancia, están finiquitadas 10 recomendaciones y, la última, está a la mitad resarcida, según la CNDH, para que se dé por cumplimentada.
La carta
Al respecto, la dependencia emitió una ficha informativa dirigida a este medio, en que fijó su postura frente al cumplimiento de las recomendaciones hacia el gobierno estatal, tratando el tema de Elia Tamayo:
En atención a la solicitud de la señora Elia Tamayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se reunirá mañana (miércoles) con ella para analizar el cumplimiento de diversos puntos de la Recomendación 2VG/2014 que este Organismo Nacional dirigió al Gobierno del Estado de Puebla.
Se trata de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Municipio de Ocoyucan, Estado de Puebla, donde habitantes del lugar y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal protagonizaron un enfrentamiento que tuvo como resultado la pérdida de la vida de un niño de 13 años de edad y varias personas lesionadas.
El seguimiento de dicha Recomendación al día de hoy se encuentra en trámite, con pruebas de cumplimiento parcial, toda vez que de los 11 puntos recomendatorios 8 están totalmente atendidos y los 3 restantes tienen un estatus de pendientes de cumplimiento.
Al respecto, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Puebla información relacionada con el cumplimiento de los puntos Segundo, Tercero y Décimo, la cual le fue remitida y se encuentra en análisis y valoración por parte de este Organismo Nacional, para que proceda de acuerdo con las atribuciones que le confieren la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno.
Acerca del punto recomendatorio Segundo, en lo relativo a órdenes de aprehensión vigentes contra particulares, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, esta Comisión Nacional lo considera parcialmente cumplido, ya que la información remitida por el Gobierno del Estado de Puebla sólo hace referencia a servidores públicos y no informa la situación jurídica de los pobladores particulares.
Sobre el punto Tercero, se le considera totalmente cumplido, ya que la señora Tamayo Montes aceptó los cheques de caja por un monto total de dos millones 500 mil pesos, como ella misma lo confirmó ante personal de la CNDH.
Sobre este punto debe mencionarse que la Comisión Nacional no fija los montos de indemnización a las víctimas, ya que no es su atribución. Su papel consiste en señalar la necesidad de que se les repare el daño mediante una compensación económica, con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas.
Finalmente, en cuanto al punto Décimo, se considera totalmente cumplido, ya que la situación jurídica (penal y administrativa) de los servidores públicos está resuelta y las resoluciones administrativas y las sanciones penales se encuentran firmes (sic)”.
