Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara al gobernador, Rafael Moreno Valle, detener su promoción rumbo a la Presidencia de México, anunció que interpondrá un recurso de revisión en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En rueda de prensa realizada en la ciudad de México, ante medios nacionales, el mandatario poblado aseguró que violaron sus derechos políticos.

Y criticó al INE de no actuar en contra de quienes abiertamente han manifestado su intención de participar en la contienda del 2018, como Andrés Manuel López Obrador, o que utilizan los spots de sus partidos con este fin, en el caso de Ricardo Anaya, aunque no lo nombró.

“Es inexplicable, que el Instituto no haya actuado en ese caso cuando se utilizan recursos públicos”.

“En este contexto, he tomado la decisión de interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Incluso, advirtió que el INE ha intensificado la supervisión de sus acciones públicas y le ha requerido la sustentación minuciosa de un sinfín de actividades.

Aunque se dijo respetuoso de la autoridad electoral y que ha acatado sus resoluciones, en esta ocasión no será así pues calificó la acusación del INE como endeble y a todas luces violatoria de cualquier dinámica democrática, la que fue aprobada el jueves pasado.

“El Instituto, llegó al extremo de prohibirme emitir declaraciones frente a los medios de comunicación que constituyan promoción de logros de gobierno o de mis cualidades personales, incluso a pregunta expresa”, dijo.

Por lo tanto, aseguró que se ha intervenido en la decisión editorial que sólo debe incumbir a los medios y se ha tomado la atribución de decidir la integración de sus contenidos.

De este modo, aseguró que se violó el Artículo sexto de la Constitución que establece: “la manifestación de las ideas, no es objeto de ninguna inquisición, judicial o administrativa”.

“Esta resolución violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos, a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el Gobierno de Puebla”.

“Atenta contra las garantías establecidas en tratados internacionales, entre otros: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José”, argumentó el mandatario de Puebla.

Y afirmó que es un intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral de 2018.

“Evidentemente, el uso arbitrario de la ley hoy me perjudica. Sin embargo, si permitimos que esto se convierta en norma, mañana atentará contra cualquier otro ciudadano”, aseveró.

Calificó el comportamiento errático y los acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE como discriminatorios contra su persona, pues lo que reclaman, forma parte del discurso de otras figuras públicas.

“El INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento, por el cual se me censura”, concluyó.