La administración federal tendrá que hacer públicas las intervenciones de comunicación que se efectuaron de manera extrajudicial en 2014, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de negar un recurso de revisión propuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Precisamente, las intervenciones fueron realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a personas y dispositivos electrónicos, y antes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la inteligencia mexicana ofrecer dichos datos.

De esta manera, la Corte dio la razón al INAI luego que la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (3D) diera a conocer el informe denominado “El estado de vigilancia: Fuera de control”, señalando que entre 2013 y 2015 el gobierno federal hizo a las empresas de telecomunicaciones por lo menos 3 mil 182 peticiones de intervención de comunicaciones privadas, 41 mil 107 para conocer los “metadatos” de sus clientes y 11 mil de geolocalización en tiempo real.

Para la 3D el 99 por ciento de las intervenciones fueron ilegales al no contar con órdenes judiciales para realizarlas, sin embargo la Presidencia de la República alegó que se revisara la determinación al señalar que por medio estaba la seguridad nacional.

A pesar del argumento, los magistrados negaron tal hecho y propusieron que se trata de una cuestión estadística que no afecta los intereses del país.