En plena conmoción por la matanza del lunes, el debate migratorio vuelve a estallar en Alemania. Anis Amri, un tunecino con vínculos islamistas, es la persona más buscada del país. El Gobierno insiste en que es solo un sospechoso: no es seguro que condujera el camión que mató a 12 personas en Berlín. Pero los detalles de su expediente calientan aún más el ambiente. Las autoridades sabían del radicalismo de Amri y fue vigilado hasta septiembre. Su solicitud de asilo fue rechazada: tenía una orden de expulsión que nunca se materializó.

Un documento encontrado bajo el asiento del camión que el lunes arrolló un mercado navideño puede ser la clave para dar con el responsable del brutal atentado. Alemania se lanzó ayer a la caza del tunecino Anis Amri, de 24 años, que también está registrado con otros nombres y nacionalidades. La Oficina Federal Criminal ofrece una recompensa de 100.000 euros a quien aporte datos que lleven a su detención. Las autoridades alertan de que es peligroso y puede ir armado.

Mientras los responsables gubernamentales pedían ayer no difundir datos que amenacen el éxito de la operación, los detalles que se iban conociendo con cuentagotas amenazan con complicar aún más la situación de la canciller Angela Merkel. El ministro del Interior, Thomas de Maizière, tan solo confirmó la búsqueda de “un nuevo sospechoso”, pero se resistió a entrar en “las especulaciones” de los medios. Más datos aportó Ralf Jäger, ministro del Interior del Estado de Renania del Norte-Westfalia, donde el sospechoso pasó una temporada. Jäger confirmó que Amri era un viejo conocido de la Policía. 

Desde el pasado mes de noviembre, se le consideraba una amenaza para la seguridad del Estado. Según información del Spiegel online, debía ser sometido a “controles intensivos” por sus actividades islamistas. Si se confirmara que él fue el autor del atentado o que colaboró para su ejecución, la inacción de los servicios de seguridad supondría un importante fracaso del Estado alemán.

El hombre más buscado de Alemania comenzó a ser vigilado el pasado marzo por indicación de la Fiscalía Federal, ya que los servicios de inteligencia tenían indicios de que podía cometer robos para comprar armas y buscar compañeros con los que atentar. Pero, tras la falta de resultados, la vigilancia se suspendió en septiembre, informa el diario Bild.

El ministro Jäger confirmó que su petición de asilo había sido rechazada el pasado mes de junio. En teoría, Amri debería haber sido expulsado del país. Pero esta operación no se pudo llevar a cabo por la falta de papeles en regla y porque las autoridades tunecinas habían puesto en duda que fuera ciudadano de ese país. Jäger admitió que los papeles necesarios para su expulsión llegaron ayer, dos días después del atentado. El sospechoso fue arrestado en agosto en Friedrichshafen, al sur de Alemania, con documentos falsos cuando se dirigía hacia Italia, pero fue absuelto por un juez, según dijo a la CNN una fuente policial.

Pérdida del control

Es previsible que los críticos de Merkel —no solo los populistas xenófobos; sino también los socialcristianos bávaros e incluso el sector duro de su Unión Cristianodemócrata (CDU)— usen este caso para denunciar que el estado ha perdido el control de la situación.

El sospechoso llegó a Alemania en diciembre de 2015 procedente de Italia. Las autoridades creen que estuvo en contacto con Abu Walaa, un islamista detenido en noviembre junto a otras cuatro personas. Todas ellas formaban parte de una red yihadista que aportaba combatientes al Estado Islámico.

La policía cree, según informa la radio pública de Berlín rbb, que el atacante pudo resultar herido durante la pelea que tuvo lugar en la cabina del camión entre el conductor y el chófer polaco, quien murió tras la reyerta. Los investigadores hallaron restos de ADN en la cabina del camión que apuntan en esta dirección, y las fuerzas de seguridad han contactado con centros hospitalarios de Berlín y Brandemburgo, el Estado federado que rodea a la capital, en busca de sospechosos.