Denuncian omisión del gobierno
estatal durante disturbios

Francisco Sánchez
09, Ene 2017 a las 17:53

Foto: Mireya Novo

Denuncian omisión del gobierno estatal durante disturbios

Francisco Sánchez 09, Ene 2017 a las 17:53


Integrantes del Observatorio Laboral acusaron omisiones por parte de la administración estatal durante los disturbios generados por un grupo de sujetos que aprovecharon la molestia de los ciudadanos por el incremento en el precio de los combustibles, una vez que no se vio la acción de la policía estatal.

En rueda de prensa, el representante de la agrupación, Marco Antonio Mazatle Rojas, calificó como lamentable que el gobierno de Puebla no cuente con una estrategia para detener los actos vandálicos que provocaron daños plazas comerciales y tiendas de conveniencia durante la tarde y noche del jueves.

Recordó que estas omisiones derivaron en una psicosis entre los ciudadanos, quienes tuvieron que optar por organizarse y montar retenes así como realizar rondines en sus colonias para evitar que sus domicilios fueran saqueados.

Indicó que, pese a que los poblanos solicitaron la ayuda de las corporaciones policíacas para frenar los saqueos y resguardar su patrimonio, los elementos no actuaron y solamente se quedaron observando los hechos, razón por las que -afirmó- los ciudadanos ya no confían en ellos.

Mazatle Rojas, demandó al gobierno federal que a la brevedad dé marcha atrás al incremento aplicado al precio de los energéticos, que está generando un alza generalizada en el costo de los productos de la canasta básica y otros servicios.

Así mismo, advirtió sobre el clima de inseguridad que hay en el estado donde se ha pasado de los simples asaltos a los robos con violencia, secuestros, calcinados, linchamientos y ejecuciones en balaceras que ocurren en pleno centro de la capital y que, incluso, han tocado las esferas del poder.

Recordó que esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó, que en el sexenio, de 2008 a 2015, los homicidios aumentaron en un 77.1% en el Estado de Puebla y, en el primer semestre del año, reportó 327 casos, de los cuales 205 fueron ejecuciones con arma de fuego.

Dijo que mientras Puebla se derrumba en la ingobernabilidad, el gobernador recorre el país en su ambición desmedida de obtener la candidatura presidencial por Acción Nacional (PAN).

Advirtió que la campaña adelantada que inició el gobernador poblano por México, mantiene en el olvido a los Poblanos y sin dar solución a las demandas de la ciudadanía que exigen empleo, salud y mejores condiciones de vida.

En su mensaje indicó: “Solicitamos públicamente al Senado de la República se inicie una auditoría a la actual administración, así como un proceso legal por los altos índices de corrupción en Puebla, que dejarán una deuda pública mayor a los 70 mil millones de pesos, y a Rafael Moreno Valle que renuncie”.

Comentó que registros hemerográficos han dado cuenta que en el sexenio del panista

Rafael Moreno Valle, han sido ejecutados cuatro presidentes municipales, de los cuales dos eran exalcaldes. Los ediles son José Santamaría Zavala, de Huehuetlán El Grande, y José René Garrido Rocha, de San Salvador El Verde. Mientras que los exmunícipes respondieron a los nombres de Neftalí Hernández Mejía, de Domingo Arenas, y Tarcisio Lorenzo Marcos, de San Felipe Xochiltepec.

Indicó que a las cifras se suman 15 familiares directos, entre esposas, hijos y hermanos, de alcaldes y diputados han sido secuestros en la entidad, y dos de ellos con resultados funestos.

“Los casos fueron el asesinato del hermano del presidente municipal de San Felipe Xochiltepec, Alfredo Lorenzo, y el secuestro y después ejecución del empresario Zito Zanatta Vidaurri, hermano del diputado federal Rosalío Zanatta.”

“Nos preguntamos, si esto le pasa a la gente que ostenta el poder al interior del estado, qué le podrá pasar a cualquier poblano de a pie. La ola de intimidación a las autoridades municipales da cuenta que son el eslabón más débil de la cadena de seguridad en la entidad”, precisó.

Mazatle Rojas declaró que, además de no contar con recursos ni policía suficiente y capacitada, enfrenta una persecución directa del mandatario poblano y un ejemplo reciente es el caso de los seis alcaldes del PRD, contra quienes el Congreso del estado inició un proceso administrativo por no respaldar el proyecto del gobernador.

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