Las finanzas nacionales solo cambiarán cuando el gobierno de la Federación ordene una reducción trascendente a los salarios de los tres niveles de gobierno, entre ellos Presidente, senadores, diputados y gobernadores, además de parar incrementos a gasolinas y deducir las prestaciones laborales, asegura la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El presidente de la Coparmex, José Antonio Quintana Gómez, ponderó los foros nacionales para conformar una agenda social para la construcción del México posible que presentará a los candidatos a la Presidencia de las diferentes fuerzas electorales. Esto con el fin de prescindir de determinaciones inviables, como el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar presentado por Enrique Peña Nieto la víspera, el cual se transformó en un tema político, mediático y con fines electoreros.
Quintana Gómez reiteró que el presidente Peña Nieto debe anunciar un plan de ahorro austero administrativo empezando por la reducción salarial del ejecutivo.
“En dos días no se puede construir algo tan delicado como el acuerdo presentado por Peña Nieto, desde el sector empresarial sentimos que es algo mediático para ayudar a fortalecer la devaluada figura presidencial y la del PRI, nos están utilizando y no queremos un trato de esa naturaleza”.
El dirigente del sindicato empresarial poblano, destacó que la negativa de Coparmex para firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento y la Protección de la Economía Familiares, deriva de la carencia de acciones concretas que “toquen realmente a la sociedad y la economía familiar, con métricas y tiempos tangibles”.
Insistió en realizar acciones inmediatas de recortes de gastos de operación y salarios en los tres niveles de gobierno, al puntualizar que en estos momentos se requiere de la participación ciudadana, además de escuchar las propuestas de los sectores dedicados a generar fuentes laborales.
Agenda de cambio real
El dirigente subrayó que se debe buscar conformar la agenda del cambio que nuestro país requiere y merece, poner sobre la mesa los temas propuestos por la sociedad, en lugar de una agenda única de temas al vapor como se dio con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado la víspera.
Las propuestas iniciales de la Coparmex se relacionan con impulsar la economía familiar y el empleo digno, armonizar el marco regulatorio de estados y municipios, con ventanilla única y toda la deducibilidad de prestaciones laborales al 100 por ciento, matizó.
José Antonio Quintana ponderó un plan eficiente para asegurar condiciones de competencia en los costos de las gasolinas para evitar gasolinazos generados principalmente por el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS), que aportó 29 por ciento más a lo presupuestado durante el 2016.
El presidente de 800 organismos adheridos a Coparmex, pidió también acabar con parte de los 37 programas sociales federales duplicados en temas de asistencialismo, pues la “mayoría de ellos son clientelares y detonar un padrón único de programas sociales al 2018”.
Al referirse al rubro de la pobreza, pidió actualizar las fórmulas y ecuaciones para medir verazmente los niveles de la Coneval, con metas razonables cada 365 días para erradicar esta condición.
Sobre el dispendio de recursos públicos realizado por la clase política nacional, financiamiento a partidos políticos y prestaciones extraordinarias, exigió crear reglas únicas para conocer verazmente los recursos públicos dilapidados sin objeciones.
Entre las propuestas estatales del organismo sindical, se encuentra el estado de derecho y combate real a la corrupción, reducir las tasas de incremento en homicidios dolosos, el robo de gasolinas en las diferentes regiones del país y esclarecer los nueve mil millones de pesos perdidos para el proyecto de la refinería de Pemex.
Consideró que si se realizan mejoras en las finanzas públicas, se genera estabilidad macroeconómica nacional, se forma un consejo fiscal independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar aumentos de la deuda del 14 por ciento anual y se impulsan políticas para recortar el gasto público, “nuestro país vivirá una nueva realidad” y los ciudadanos tendrán recursos necesarios para vivir dignamente.
