Ante la inasistencia del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) para informar sobre los pormenores de los hechos vandálicos ocurridos el pasado jueves 5 y viernes 6 de enero en varias tiendas departamentales de Puebla, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Guadalupe Arrubarrena García, aseguró que citará a Alejandro Óscar Santizo Méndez a una sesión extraordinaria.

El secretario de Seguridad municipal envió a una representante de la secretaría a su cargo a leer un informe de las actividades mensuales realizadas, principalmente el año pasado, en el que sobresalió el cese superior a los 80 policías por reprobar las Pruebas de Control de Confianza.

Santizo Méndez, en voz de su enviada, destacó que no asistió a la sesión ordinaria de seguridad porque el alcalde, Luis Banck Serrato, le encargó una misión laboral referente al 911.

Pero Arrubarrena Méndez, a lo largo de la sesión, insistió que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal forzosamente tiene que asistir a la siguiente sesión extraordinaria para explicar el porqué se presentaron los saqueos en la ciudad, aunque, posteriormente, justificó que las acciones derivaron de la manipulación de las redes sociales y de los vándalos que, dijo, recibieron órdenes a nivel nacional, ya que los actos de robo se presentaron en la mayoría de las entidades federativas del país.

“Recibí un oficio del secretario Santizo, me informó que el alcalde lo había comisionado a otro asunto, por ello no llegó. Propondré una sesión extraordinaria para que nos dé el reporte de actividades. En este momento ya no tenemos reportes, la actividad intensa se registró el fin de semana y ahora todo está en calma, en ese sentido”.

La regidora explicó que Santizo Méndez tiene la obligación de entregar los informes sobre lo acontecido al seno de la Comisión de Seguridad, calificado por el presidente de la Cámara  Nacional de Comercio Puebla, Marco Antonio Prosperi, como días negros por las pérdidas millonarias de los negocios.

En respaldo a las acciones implementadas por la SSPTM, Guadalupe Arrubarena calificó de buena la respuesta policíaca para evitar que la ola de vandalismo se extendiera por todo el territorio municipal.

“Esos días se reforzó la seguridad  por los hechos que se registraron y actualmente todo se mantiene en calma hasta el momento, ya no tenemos reportes. Pero tan ocurrieron los hechos que el alcalde Banck, al día siguiente, dio las cifras de los detenidos que fueron 83 detenidos en 38 actos de vandalismo”, ponderó.

Arrubarrena García dijo  que durante esa jornada delictiva se atendieron todas las peticiones de la ciudadanía a través de las llamadas telefónicas que realizaron varios presidentes de colonias a los regidores “en la noche, en la madrugada a cualquier hora estuvimos siempre en contacto con la población”

“El alcalde, Luis Banck Serrato, regidores, secretarios y el titular de seguridad estuvimos en comunicación constante para responder a los llamados de la población”.

Guadalupe Arrubarrena aprovechó para destacar el clima de inseguridad que vive el estado ante el vacío de poder para frenar el robo de combustible.

“Como ya conocemos el estado está en los primeros lugares del robo de combustible, la situación es delicada”.

En tanto, el regidor Iván Galindo Castillejos, dijo que desde su perspectiva, el trabajo de inteligencia de la policía municipal fue superado por los actos de vandalismo.

Más de 80 policías dados de baja

Al referirse a la baja superior de 80 efectivos de seguridad por reprobar las Pruebas de Control de Confianza, Guadalupe Arrubarrena destacó que los policías se apegaron al beneficio otorgado por la administración municipal para ser liquidados  través de recursos de la Federación del Fortasec (Fortalecimiento a la Seguridad de los Municipios) y recibieron su recurso conforme a la ley.

Pero dijo desconocer cuántos elementos policíacos prefirieron recibir su liquidación a seguir un proceso legal que terminaría siendo favorable para el Ayuntamiento, porque los exámenes de confianza se realizan periódicamente por mandato federal.