Fue el 29 de noviembre de 2011 cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle le arrebató la concesión del aeropuerto Hermanos Serdán al empresario Ricardo Henaine Mezher.

Cinco años después, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, concedió un amparo a la Operadora de Aeropuertos Internacionales (OAI).

La defensa argumentó que el balance final de liquidación aprobada por secretarios de estado de la administración anterior no es definitivo.

Y es que necesariamente debe ser aprobado por el Consejo de Administración, integrado por el liquidador de la empresa, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares y por OAI.

Con la cancelación del convenio con la firma de Henaine Mezher en 2011, la operación del aeropuerto pasó a manos del organismo federal Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

En 2014, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto de concesión, la Secretaría de Comunicación y Transportes oficializó la entrega del aeropuerto al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por un periodo de 50 años.

Supuestamente así se terminaba formalmente con el control del empresario Ricardo Henaine.

Cabe recordar que 9 meses después de iniciado el gobierno de Rafael Moreno Valle, el aeropuerto fue tomado por agentes de la Policía Federal y de la Policía Estatal el 29 de noviembre de 2011.

Un día antes, el gobierno morenovallista publicó un decreto con el cual finiquitó la empresa de participación pública-privada Operadora Estatal de Aeropuertos (OEA), de la cual Henaine era el accionista privado mayoritario.

Todo por la disolución del organismo paraestatal después de una auditoría practicada que arrojó supuestamente como resultado irregularidades legales en su conformación que otorgaban mucho poder al empresario.

Tras la acción policial, ASA inició los trámites ante la SCT “para obtener la concesión para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción del aeropuerto, lo cual logró tres años después.

El decreto publicado en el DOF clasifica al aeropuerto como un “aeródromo civil de servicio público terrestre” y fue declarado como internacional el 23 de enero 1996, una clasificación que podría mejorar si se mejoran las instalaciones y servicios ofrecidos.

El documento también señala que ASA está facultada para arrendar los espacios comerciales y de servicios a terceros para la atención del pasaje en tránsito.

Así, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) canceló la concesión que otorgó a OEA desde el 5 de octubre de 2000, por un plazo de 50 años.

Desde entonces, Ricardo Henaine presentó varias denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por supuesta persecución política por parte del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Incluso, en abril de 2012 el juez segundo de Distrito del Centro Auxiliar en Saltillo, Coahuila, negó el amparo que solicitó Henaine Mezher en contra del decreto de disolución.

En un comunicado, el gobierno señaló que con esta sentencia se ponía fin al juicio de amparo 1890/2011 que interpuso Henaine.

Según la información estatal, el juez dictaminó que el decreto que disolvió la empresa de participación estatal mayoritaria fue debidamente fundado y motivado, “conforme a lo que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sin embargo, nunca se informó que había otro juicio de amparo, que finalmente le dio la razón de los vicios en el proceso al empresario.
 
El amparo

El togado consideró que el gobierno del estado amplió sin justificación el plazo de liquidación de la empresa que operaba el aeropuerto ubicado en el municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con el decreto de liquidación que expidió el exgobernador Rafael Moreno Valle, este proceso debió haber concluido en 2012, según se establece en la sentencia del juicio de amparo 1675/2015.

Pero ese año las autoridades emitieron un oficio por el cual ampliaron ese plazo, sin exponer las razones o motivos para ello.

Por lo tanto, la determinación vició el proceso de liquidación, que sin justificación alguna, se alargó más allá de los plazos establecidos.