Obras morenovallistas fueron caras,
de mala calidad e
ilegales, revela la ASF

Jorge Castillo
16, Feb 2017 a las 16:11

Foto: Redacción Intolerancia

Obras morenovallistas fueron caras, de mala calidad e ilegales, revela la ASF

Jorge Castillo 16, Feb 2017 a las 16:11

El Museo Internacional del Barroco, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, los trabajos en la zona arqueológica de Cholula y el Segundo Piso de la autopista; son parte de las acciones de Rafael Moreno Valle que se señalaron.


Obras como el Segundo Piso de la Autopista Puebla-México, el Museo Internacional Barroco (MIB), la remodelación en zona arqueológica de Cholula y del estadio Cuauhtémoc, se encuentran en la lista negra de las acciones que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) observó a la cuenta pública de Rafael Moreno Valle.

Luego que la ASF desmenuzó lo hecho durante 2015 del también aspirante a la presidencia de la República, se revelaron las anomalías y la opacidad en el manejo de los recursos públicos de Puebla.

El miércoles 15 de febrero se presentó el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2015, donde se detalló que faltan por reintegrar o aclarar 4 mil 552 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado de Puebla –durante la administración de Rafael Moreno Valle-. La Auditoria señala que estos recursos estuvieron mal ejercidos o no fueron aplicados.

Así mismo se detalló en el informe que el monto original observado era por 4 mil 570 millones de pesos, de los cuales la ASF ya recuperó 18 millones de pesos a favor de la Federación, por lo cual aún se deben aclarar o reintegrar 4 mil 552 millones de pesos. 

De este modo la Auditoria Superior de la Federación puso al desnudo que el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle, realizó obra pública cara, mal planeada y sin los permisos correspondientes, durante 2015.

La fiscalizadora federal realizó 24 auditorías al gobierno del estado por los recursos federales que manejó en 2015. Derivado de ellas emitió  24 recomendaciones, 25 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias contra funcionarios, cuatro pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración.



 

Inflaron el costo del MIB 

Uno de los ejemplos de las irregularidades que señaló la ASF es el Museo Internacional del Barroco (MIB), para el cual se estimó, en primera instancia, una inversión de 760 millones de pesos, monto que incluía la obra física y el equipamiento.

Sin embargo, la obra se disparó en más de mil millones de pesos y terminó costando 1 mil 774 millones 228 mil pesos. El pago anual por su mantenimiento también se triplicó y pasó de un pago estimado en 87.2 millones de pesos a un pago real de 269 millones de pesos por año.

La ASF también cuestionó que el gobierno entregara anticipos por 307.9 millones de pesos a las empresas La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administradora Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos Obras del Pacífico, sin que estuvieran contempladas en el contrato de la obra.

Por lo tanto, según el dictamen de la auditoria 15A-21000-04-1219, se aplicaron dos solicitudes de aclaración y pidió un proceso administrativo sancionatorio contra funcionarios responsables de posibles anomalías.

Además detectó inconsistencias en el costo final del proyecto, cuando revisó los recursos federales aportados por el Banco Nacional de Obras (Banobras) para la construcción del MIB.

Este incremento se intentó justificar por la actualización de las condiciones de ejecución de la obra, detalle no considerado al inicio.

Pero al firmarse el contrato de asociación público privada SFA-CP-APP-2014/002 el pago anual se elevó de 169 millones a 269 millones de pesos.

La irregularidad, señala la Auditoria Superior de la Federación, es que no se dio detalle en ningún documento de cómo se calculó y determinó el importe de la contraprestación pactada ni del motivo del aumento.

El argumento del gobierno de Moreno Valle a la ASF fue que los estudios que presentó inicialmente no la obligaban a respetar las cantidades establecidas. Por lo tanto la ASF sostuvo en su reporte que se trató de una irregularidad.



 

En Cholula se violó la ley

La zona arqueológica de la Gran Pirámide de Cholula, sufrió remodelaciones a pesar de las constantes manifestaciones en contra, por parte de activistas y pobladores de la región.

Ahora la ASF, reveló que se licitó y pagó un proyecto que no coincide con lo que se realizó en la zona milenaria.

La Auditoria Superior de la Federación señala que simplemente no existe una garantía de que se buscó el mejor precio y calidad para los trabajos en Cholula, además de que las obras se hicieron sin permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA), como marca la ley.

Cabe recordar que esa era la constante queja de los activistas, principalmente de Cholula Viva y Digna. Los activistas denunciaron –en su momento- que se trabajaba sin permisos y violando leyes federales de protección al entorno prehispánico.

En la auditoría 15-A-21000-04-1232, la ASF fiscalizó recursos federales por 139 millones 860 mil pesos que se destinaron a la “Zona Típica Monumental en San Pedro y San Andrés Cholula”.

De este modo emitió cinco recomendaciones, dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra funcionarios y dos pliegos de observaciones.

Y advierte la federación que de no justificar los señalamientos, recuperaría 139.4 millones de pesos que entregó para estas obras.

En la revisión de la ejecución de la obra, se detectó mediante el contrato CAPCEE-271/2015-FED que se emitió un pago por 14.9 millones de pesos para la construcción del hotel, sin que este inmueble se haya edificado.

Además se descubrieron deficiencias en el proceso de realización de la obra. Se estableció que los trabajos no se realizaron en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Segundo Piso, inútil y caro

Otra obra polémica del morenovallismo, fue la creación del Segundo Piso de la autopista Puebla- México, la que se elaboró con recursos federales y estatales.

La primera queja de los usuarios fue el alto precio que cobra la empresa constructora OHL, de origen español, para transitar el viaducto. Al respecto la ASF determinó que el costo del peaje por kilómetro que cada usuario paga es 340 por ciento más caro al que se cobra en la autopista a la Ciudad de México.

Asimismo es 14.5 por ciento arriba de lo que fue acordado en el título de concesión adjudicado a la empresa española OHL. 

La ASF en su estudio, señaló que esta obra pública fue cara, mal planeada y también sin los permisos correspondientes durante 2015.



 

Estadio caro, feo e irregular

En lo que respecta a la remodelación que sufrió el Estadio Cuauhtémoc, fueron tantas las irregularidades encontradas que se ha solicitado indagar a funcionarios por las obras.

La remodelación del inmueble deportivo estuvo a cargo de la empresa Acapro de Hidalgo S.A. de C.V., tuvo un costo de 688 millones de pesos y su reapertura se registró en noviembre de 2015.

Cabe destacar que constantemente en esta obra hubo paros laborales, los obreros denunciaron las malas condiciones laborales, así como la ausencia de medidas de seguridad e incluso la falta de pago de sus sueldos.

En tanto, en la revisión de la ASF, se encontró que hubo mala calidad en los materiales utilizados para esta obra. 

Todo indica, según la ASF, un posible daño patrimonial o perjuicio a la hacienda pública federal por 10 millones 792 mil 899 pesos.

Por lo que solicitó además la aclaración de 101 millones 30 mil pesos por la duplicidad de pagos y diferencias entre lo pagado y cuantificado, específicamente en el tema del concreto premezclado.

Además de 1 millón 543 mil 535 pesos por la construcción de carpeta de pavimento de concreto, la cual no se realizó con la maquinaria propuesta por la constructora.

Así como 7 millones 153 mil 321 pesos por las diferencias entre lo fiscalizado y cuantificado en la instalación de acero estructural.

En la auditoria se generaron cinco pliegos de observaciones y seis promociones para que la Contraloría del Estado inicie las investigaciones para determinar las omisiones de funcionarios públicos.

La ASF también hizo seis solicitudes para que la Contraloría del Estado determine la responsabilidad de los funcionarios públicos de la Secretaría de Infraestructura por posibles omisiones.

Una omisión de los funcionarios morenovallistas, fue que no revisaron “de manera adecuada” los precios extraordinarios propuestos por la constructora, tampoco se aplicaron las estimaciones en referencia a las retenciones económicas del cinco por ciento, por el atraso en los trabajos.

Y es que detectó que se autorizaron y pagaron trabajos de mala calidad, como la colocación de una carpeta de concreto que presenta fisuras, luego de que se permitió el cambio de 18 a 15 centímetros de espesor del material.

Además no se elaboró un acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones  de la constructora, y que de esta manera se aplique la garantía de obra.

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