Mientras no fue aceptada por el juez Enrique Romero Razo, la restitución, por ser irregular el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sigue teniendo en la mira a los magistrados poblanos, por el desacato al Poder Judicial Federal.

Informó que independientemente de que el Poder Judicial de Puebla, haya intentado acatar la disposición federal de su restitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue el procedimiento en el que se podría demostrar, dolo en su contra.

En el documento de inconformidad dirigido a los tribunales federales, en poder de Intolerancia Diario, detalla las irregularidades.

Por lo tanto, el máximo tribunal del país sigue estudiando la forma de operar de los magistrados encabezados por Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que podría derivar en la destitución de todos.

Y es que el haber acatado un año y ocho meses después la orden de un juez federal, demuestra que lo pudieron haber hecho antes y no con dolo al extender el tiempo.

Incluso Romero Razo comentó que ya hay un precedente años atrás, cuando por un desacato similar fue destituida toda una Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Cabe recordar que el juez Romero Razo, fue despedido a finales de 2010, por lo que desde entonces interpuso un juicio de amparo, el que ganó, sin embargo, el TSJ desacató desde 2014 su restitución.

Señaló en entrevista a Intolerancia Diario que se inconformó en contra de ese cumplimiento, por qué aunque efectivamente lo reinstalan, señala textualmente que ‘se le restituye en el juzgado respectivo’.

De este modo queda ambiguo, debido a que deben detallar exactamente a cuál juzgado se le tendrá que reinstalar, por lo que no se acata la disposición de restitución, en el mismo lugar donde fue dado de baja.

En el segundo punto de inconformidad, es que se señala que se le restituirá el sueldo que debió ganar en el tiempo en que no ha laborado, sin embargo, también se deja ambiguo, al detallar que se instruye al titular de la junta de administración a que haga las gestiones respectivas.

“¿Cuánto tiempo se van a llevar a cabo las gestiones?, pueden pasar seis años y seguir diciendo que están haciendo las gestiones”, dijo al señalar que se debió ordenar el pago de forma inmediata.

“Así se lo hice ver al juez federal en un escrito, ahorita está en estudio para fallar si se cumple o no, pedí al juzgado de distrito también que informara de mi inconformidad al TSJ, al tercer tribunal colegiado en materia administrativa y a la SCJN”, detalló el juez.
 
-¿Qué lectura le da a esta situación?
-Ya había comentado que ellos (TSJ) piensan que al momento de restituírseme, se iban a quitar del problema a la SCJN, a través del incidente de ejecución que ya se tiene iniciado.

“Pero la mayoría de los integrantes del pleno de magistrados, son desconocedores del derecho”, dijo.

Y es que detalló que el tribunal Colegiado que ordenó su restitución, en su sentencia del recurso de inconformidad, hace referencia a la palabra “contumacia”.

Esto, detalló, es una especie de rebeldía, como un acto de incumplimiento en un año ocho meses, por lo que se remitió de este modo a la SCJN, para efecto de que proceda la destitución y consignación de los magistrados.

“Pero lo aparente cumplir. Eso en realidad, solamente se están poniendo contra la pared ellos mismos, porque tuvieron un año ocho meses para cumplir y no lo hicieron. Ah, pero cuando llega el caso a la Corte, entonces sí cumplo”, dijo.

“Con esa cuestión, lo único que están demostrando a la SCJN, que estaban en posibilidad de cumplir y no lo hicieron. Ahora solamente bajo amenaza lo hicieron. Con eso se justifica la contumacia”, detalló.

Por lo tanto señaló que el problema trascendió, ya que ahora no se trata de Romero Razo contra el TSJ, sino del poder judicial de la federación con la SCJN contra el poder judicial de Puebla.

“Yo ya soy aparte en ese problema, porque desafortunadamente han incurrido en un acto de contumacia”, dijo al señalar que el proceso sigue abierto por la SCJN y podría tardar de un año a año y medio en resolver.