Regidores de Atzitzintla e integrantes del Comité Directivo Estatal del PRD aseguraron que la Fiscalía General del Estado (FGE) violó los protocolos que se marcan en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la detención de pobladores durante la operación “Encrucijada”, además de que el fiscal, Víctor Carrancá Bourget, no puede presumir el hecho una vez que el objetivo principal que era la detención de la banda de los “Bukanas” que dieron muerte a tres ministeriales, no se logró.

En rueda de prensa, la presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo, acompañada por los regidores de Atzitzintla, reconoció el esfuerzo del gobernador, Antonio Gali Fayad, por reforzar la seguridad en el estado luego de que la anterior administración ignoró los llamados que se hicieron.

Dijo que el anuncio del mandatario para que los presidentes municipales y funcionarios públicos se abstengan de participar en la delincuencia organizada es respaldado por el Comité Directivo Estatal, sin embargo, el problema es que la Fiscalía General no actúa de acuerdo con las circunstancias.

Precisó que en el caso de Atzitzintla su postura es que se aclare todo, pero advirtió que según los testimonios de la gente que fue detenida hubo una violación de sus derechos por parte de la dependencia, la cual tuvo incomunicados a los detenidos sin notificarles los delitos por los que fueron privados de su libertad.

Recordó las recomendaciones que ha recibido la Fiscalía por violar los derechos humanos, además de que existen protocolos para la captura de los presuntos responsables de cometer actos ilícitos.

Pidió que la dependencia declare que el operativo se dio porque se tenían las investigaciones, ya que de ser así fue irresponsable enviar a solo tres a gentes a un lugar que presuntamente es peligroso.

Resaltó que el objetivo que se tenía con el operativo era la detención de la banda llamada “Bukanas”, y a los responsables de matar a los ministeriales, pero no se ha demostrado que cumplieron éstos.

Quezada Tiempo reiteró que la administración pasada dejó crecer el problema, y a ella no le tomaban ni siquiera la llamada, e insistió en que ahora se ve que hay voluntad del gobierno del estado, pero es una lástima que siga el fiscal general en el puesto.

Abusos ministeriales

El regidor Cornelio Reyes relató que el pasado jueves cuando realizaban sesión de Cabildo, donde el tema era la construcción de un campus universitario, llegaron los ministeriales, les quitaron sus teléfonos, les impidieron la salida y les pedían que dijeran si tenían armas.

Señaló que los trataron “peor que a delincuentes” cuando el pueblo ha sido tranquilo, además de que en la zona no pasan ni ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Denunció que se atacó su dignidad de personas, lo mismo que hombres u mujeres.

Regidor incomunicado

El regidor de Gobernación, Gaspar de Rosas Estrada, señaló que él fue detenido desde el jueves, estuvo incomunicado, le llevaban papeles que le decían que tenía que firmar, y le indicaron que eran de derechos humanos, pero otros, nunca supo qué decían.

Reconoció que hubo momentos en los que pensó que no saldría de prisión, ya que no vio a nadie que lo ayudara, y fue hasta el sábado cuando quedó en libertad.

De Rosas Estrada, subrayó que durante el gobierno anterior se retiró a la Policía Estatal que vigilaba la carretera Esperanza-Magueyes, y entonces comenzaron los asaltos y secuestros en la vía de comunicación.

Aseguró que llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el presidente municipal, Isaías Velázquez Reyes, para pedir que volviera la policía, a fin de ahuyentar a los delincuentes, pero esto nunca ocurrió.

Demanda una célula de la policía

Por otra parte, dijo que ante la detención de cinco policías municipales y las declaraciones de que es un lugar peligroso, se demanda que se envíen policías estatales para reforzar la seguridad en el municipio.

 

Gobierno se apegó a la ley

La presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, reconoció que el gobierno del estado, que encabeza el mandatario, Antonio Gali Fayad, respetó la ley al designar como encargada de despacho de la presidencia municipal de Atzitzintla a la síndico, Leticia Larracilla de Rosas.

Mientras por la mañana regidores del municipio e integrantes del Comité Directivo Estatal del PRD aseguraron que la Fiscalía General del Estado violó los protocolos que se marcan en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por la detención de pobladores durante la operación “Encrucijada”, por la tarde del martes la también la diputada local reconoció que la administración estatal es una institución distinta a la Fiscalía, que se ha mantenido apegada a lo que marca la ley.

Dijo que tras sesionar el Cabildo en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno se determinó que en tanto no se defina la situación del presidente municipal, Isaías Velázquez Reyes, había que nombrar a un encargado de despacho para que funcione la presidencia, y el hecho de que sea la síndico es una muestra de que se respeta la ley.

Comentó que habrá que esperar que el alcalde presente su solicitud de licencia, y lo correcto es que se nombre al suplente de nombre Higinio Cuevas.

Además, tras los hechos del jueves 9, los regidores anunciaron que la presidencia municipal se encuentra abierta, ya que solo uno de los ocho integrantes del Cabildo es quien está en prisión, y ahora es el suplente Higinio Cuevas quien debe tomar posesión.

De deslindan los perredistas

En conferencia de prensa por separado, las corrientes Nueva Izquierda (NI), Foro Nuevo Sol (FNS) y Galileos, exigieron a su dirigencia estatal deslindar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) del presidente municipal de Atzitzintla, Isaías Velázquez Reyes, y sus presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

En rueda de prensa conjunta, el diputado local con licencia, Carlos Martínez Amador, dijo que esta demanda no significó abandonar al edil detenido ni culparlo de algún delito, sino evitar que su partido se vea afectado en su imagen ante los ciudadanos.

Subrayó que los delitos que se le imputan al presidente municipal son graves y las averiguaciones de las autoridades ministeriales lo vinculan con una serie de ilícitos y por ello fue detenido.

Señalaron que pese a que la dirigente estatal, Socorro Quezada Tiempo, fije una postura a favor y en defensa del presidente ella "no representa la voz" de todas las corrientes del sol azteca.

Martínez Amador pidió a la lideresa del partido abstenerse y no entorpecer las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), y esperar a conocer los resultados de las indagatorias antes de fijar una postura sobre el tema.