El expresidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que hay una “jugarreta política” por parte del Congreso local y la Auditoría Superior del Estado (ASE) al no emitir el veredicto correspondiente a la solventación, o no, de las observaciones que se le hicieron a su cuenta pública de 2013, por 411 millones de pesos.

En un video posteado en sus redes sociales, recordó que desde el pasado 20 de enero entregó las más de 2 mil fojas que según él, comprueban el adecuado uso de los recursos públicos.

Ante la lentitud de la ASE, el exedil informó que fue aceptado el amparo 553/2017/IV del Juzgado Tercero de Distrito, el cual solicita que a más tardar en 15 días el Poder Legislativo y la Auditoría emitan una contestación.

Acusa embestida

Rivera Pérez insistió en que el tortugismo de la Auditoría y del Congreso es evidente, debido a que el asunto debió resolverse 30 días después de que se entregaron los documentos comprobatorios, sin embargo, está por duplicarse el plazo y no hay resolutivo, por lo cual advirtió que podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que continúen dando largas a la respuesta.

De acuerdo con el exalcalde panista, debido a que feneció el tiempo para entregar el dictamen, sería imposible sancionarlo. 

Expresó que hay una intención de frenarlo tanto a él como a sus colaboradores y esto se aprecia con las acciones que se han emprendido.

Rivera Pérez insistió que llevó más de 7 toneladas de documentos, sin embargo, “en la Auditoría siguen sin hacer su trabajo”, y al no hacerlo en el plazo de 30 días que señala el artículo 78 fracción II de la Ley de Servidores Públicos para resolver en definitiva, acudió a la justicia federal y el 25 de abril habrá la audiencia constitucional.

Explicó que el amparo fue admitido en contra de actos del Congreso y otras autoridades por no resolver en definitiva dentro del plazo que marca la ley.

Advirtió que no se quedará callado ante la injusticia ya que utilizan los tiempos a su conveniencia, y violan la ley y derechos cuando se supone que es el poder legislativo el que debe ejercer puntual y responsablemente la ley y demuestran que el procedimiento en su contra tiene un sentido político.
 
La persecución

Eduardo Rivera indicó que se demuestra que hay una actitud de persecución en su contra para desacreditarlo a él y a sus colaboradores, pero lo bueno es que el proceso ya está en las instancias federales e indicó que llegará hasta sus últimas consecuencias.

Al ser cuestionado de la persecución a 73 panistas, y el intento de vincularlo a él por apoyar a Ana Teresa Aranda Orozco, lamentó que lejos de buscar la unidad se les persiga a los militantes.

Explicó que en ese tiempo que se le señala de participar, él se encontraba trabajando en la campaña de Quintana Roo, como coordinador de la campaña de Carlos Joaquín Codwell, y desconozco lo que ocurrió en el estado de Puebla.

“Lamento la actitud de la dirigencia del partido que en lugar de ocuparse de los principales problemas que enfrenta el estado, como lo es la seguridad, de trabajar de manera coordinada de cara al proceso electoral, lamento que la actitud sea de desprecio hacia los militantes que participan en Acción Nacional, y en lugar de barrer hacia fuera lo hagan hacia dentro”.

Equivocada la decisión

En tanto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, advirtió el amparo que promovió el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, por las presuntas inconsistencias de su cuenta pública son una salida equivocada a un problema contable.

Consideró que la forma adecuada para aclarar las inconsistencias de la cuenta pública de Rivera Pérez del 2013, deben ser a través de solventar las observaciones que le hiciera la Auditoría Superior del Estado, a través de la Comisión Inspectora y no por vías alternas como la legal.

“Está en su derecho, están en dos caminos, la solvatación implica la comprobación de los recursos, y documentación faltante, de alguna obra mal hecha, o llegar con abogados y decir que la Auditoría esta mal o no hay facultades para que el congreso sancione; el decidió lo segundo”.

Lamentó que Rivera Pérez haya politizado el tema, al decir que ha habido otros presidentes municipales que han sido sujetos de revisión.

Aguilar Chedraui dijo que “siempre satanizan” a la Comisión Inspectora, cuando solamente es un tema administrativo que se aclara una vez que los alcaldes presenten sus pruebas y descartó que desde la Comisión haya algún interés político contra el panista.
 
Listos para sesionar

En entrevista tras la instalación de la Comisión Permantente, el Presidente de la comisión Inspectora en el legislativo, Germán Jiménez García, dijo que será que la próxima semana, cuando sesione la Auditoría para conocer el dictamen sobre las pruebas y documentos que haya presentado el ex alcalde de Puebla para solventar las inconsistencias marcadas sobre su cuenta pública.

“Estamos esperando que la Auditoría haga la revisión de la notificación del tema que metió del amparo y nosotros tendríamos que dictaminar como Comisión Inspectora”, dijo.

Además Germán Jiménez acusó a Eduardo Rivera de judicializar el inicio de procedimiento administrativo, al llevar el asunto a la vía judicial al promover el amparo “en lugar de centrarse en lo contable” y solventar las observaciones.

Por su parte el diputado priista y vocal de la Comisión Inspectora, Rosalío Zanatta señaló que en los siguientes días la Auditoría Superior del Estado (ASE) dará la resolución acerca de la revisión que realizó a la cuenta pública del panista, por lo que los diputados podrían fincarle responsabilidades o absolverlo del inicio de procedimiento administrativo la próxima Sesión Extraordinaria. 

“La Auditoría está por finalizar la revisión y en estos días veremos cuál es la resolución y podría entrar en la sesión extraordinaria, no sé cuál sea la resolución de la Auditoría, pero en su momento lo sabremos”, dijo.